La Fiscalía Anticorrupción abrió este miércoles una carpeta de investigación contra el juez Jorge Luis Solís Aranda, denunciado por el Poder Judicial por no haber vinculado a proceso por corrupción de menores al funcionario municipal Luis Alonso 'N', quien fungía como director del área de Recursos Humanos de la policía de Puerto Vallarta, acusado de abuso sexual contra una niña de diez años.
La indagatoria parte de dos denuncias interpuestas por el Consejo de la Judicatura en las últimas horas, estas se suman a otra que envió el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal para evaluar la actuación del agente Juan Alberto López Amaral, quien representa a la dependencia en el juicio.
Sin embargo, no se remitieron las actas por las que se considera que el juzgador procedió de manera indebida al rechazar las imputaciones ministeriales por el cargo de corrupción de menores contra el funcionario municipal, explicó el fiscal Ignacio de la Cruz Tovar. “En este momento, en la Fiscalía conocemos únicamente lo que se ha publicado en los medios y la investigación tiene que ser más amplia y abarcar todos los ángulos”, dijo.
Agregó que no se debe perder de vista que en este caso hay dos actuaciones diferentes que se desprenden del mismo hecho.
Una tiene que ver con el delito de abuso sexual infantil agravado, por el cual el acusado está vinculado a proceso y en prisión preventiva. Y la segunda actuación es la formulación de imputación y solicitud de vinculación que hizo el representante ministerial, Juan Alberto López, por el delito de corrupción de menores, donde precisamente el juez decide la no vinculación.
Al momento la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó audios y videos de las audiencias que hubo por este caso.
El domingo pasado, el juzgador fue suspendido sin goce de sueldo por no vincular a proceso al funcionario por el nuevo cargo, y es que durante la audiencia argumentó que la menor afectada no estaba corrompida, pues no sintió placer al ser abusada por el sujeto. Para acreditar esa figura el código penal del estado de Jalisco establece se debe inducir, o promover o provocar a un menor de edad el hábito de la mendicidad, “el hábito de consumir alcohol o la iniciación o práctica de la actividad sexual o la combinación de cualquier delito”.
Al momento, tanto el juzgador como el imputado tienen sus cuentas bancarias congeladas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante la posible situación de trata de personas, ya que existe la probabilidad de que Luis Alonso 'N' estaría relacionado con estructuras activas en ese delito, considerado recurrente en Puerto Vallarta.
Por lo pronto, transcurre el proceso de la apelación interpuesta por la Fiscalía General.
La Fiscalía General de Jalisco, bajo argumento de una inexacta aplicación de la ley, señaló que "la resolución violenta los derechos de la víctima, vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor y deja de lado la perspectiva de género”.
También se evalúa el comportamiento del juez Solís Aranda en otras adscripciones que ha tenido, y es que tiene mes y medio en su cargo en Puerto Vallarta, ya que durante la primera semana de julio, fue readscrito; estaba como titular del Juzgado Primero en materia de Ejecución Penal del primer partido judicial con sede en Tonalá.
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