Caso Dashia Rocío: Derechos Humanos investiga detención y acusa fallas

Lo que comenzó como una nota policiaca hoy se analiza desde una perspectiva más amplia: el respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso y la posible violencia institucional.

La Fiscalía informó el pasado 4 de diciembre la vinculación a proceso de Dashia por el delito de extorsión, señalándola como presunta integrante de una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la defensa legal y los testimonios recabados apuntan a inconsistencias que ponen en duda la legalidad de su detención y el manejo del caso desde sus primeras horas.

Una detención cuestionada y posibles violaciones a derechos fundamentales

Uno de los puntos más delicados del expediente es la forma en la que Dashia Rocío fue detenida. De acuerdo con documentos difundidos por el periodista Ignacio Villaseñor y testimonios integrados por la Comisión, la joven fue citada a una agencia automotriz en Lomas Verdes, bajo el pretexto de recoger un vehículo. Ahí, un grupo de alrededor de 10 personas la interceptó sin mostrar una orden de aprehensión ni identificarse conforme a los protocolos legales.

Este hecho podría constituir una violación al artículo 16 constitucional, que protege a las personas contra detenciones arbitrarias. Además, se denunció el uso indebido de la fuerza y la falta de información inmediata sobre los motivos de su arresto. A esto se suma la confiscación de su teléfono celular y la exigencia de contraseñas bajo presión, lo que vulneraría el derecho a la privacidad y a no autoincriminarse.

Denunció abuso sexual y ahora enfrenta una acusación penal

El caso adquiere una dimensión aún más grave cuando se considera el contexto de género. La defensa sostiene que la detención y acusación contra Dashia Rocío podrían estar relacionadas con una denuncia previa por abuso sexual en contra de su padre. Bajo esta línea, se investiga si hubo negligencia o retraso en atender esa denuncia, mientras que el proceso penal por extorsión avanzó de manera acelerada.

De confirmarse estas irregularidades, se estaría ante un caso de revictimización y violencia institucional, algo que va en contra de tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará, que obliga al Estado a garantizar que los procesos judiciales no se utilicen para castigar o silenciar a mujeres víctimas de violencia.

Otro aspecto crítico es que el teléfono celular de Dashia podría contener evidencia clave relacionada con la denuncia de abuso. Cualquier manipulación o alteración de ese material no solo afectaría su defensa, sino que podría constituir obstrucción de la justicia y destrucción de evidencia. Por ahora, el caso sigue abierto y bajo observación, mientras crece la exigencia de una investigación imparcial y transparente.