La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, reconoció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) que existe debilidad institucional para atender la crisis de desapariciones.
La ombudsperson aceptó que en México existe una crisis de desapariciones que viene desde hace años, la cual se ha recrudecido en tiempos recientes debido a la corrupción e impunidad y que la propia CNDH fue corresponsable de este círculo vicioso.
No obstante, aclaró que actualmente se encuentra reformando su Programa de Personas Desaparecidas (PERDES) con el objetivo de cumplir su función de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas desaparecidas, así como de sus familiares y allegados.
Piedra afirmó que para superar esta crisis es necesario "cambiar los esquemas heredados", establecer un marco normativo mínimo idóneo, realización de un reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
"El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, por lo cual es urgente que autoridades y sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda", dijo la presidenta de la CNDH.
En la reunión, a la que asistieron los miembros del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, Horacio Ravena, Juan Pablo Albán Alencastro y Sergio Giuliano, así como Alán García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Piedra Ibarra consideró urgente abordar, de manera seria y responsable, la deuda histórica que se tiene con las víctimas de la represión política del Estado y el esclarecimiento del periodo conocido como la Guerra Sucia.
Piedra propuso lograr el adecuado funcionamiento de los servicios médicos forenses de todo el país; continuar con la construcción de centros regionales de identificación humana y priorizar la toma de acciones que materialice, en los ámbitos federal y local, las estructuras creadas para la búsqueda en vida de personas desaparecidas en los plazos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También planteó canalizar recursos presupuestarios para la atención de este grave problema; fortalecer la capacitación y certificación de ministerios públicos, policías, peritos y de todo el personal que participe en labores de búsqueda; garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas y procurar un trato digno para ellas; así como establecer lineamientos para la participación de los familiares, de las organizaciones de la sociedad civil y la propia CNDH, en actividades de investigación, entre otras propuestas.
Rosario Piedra Ibarra explicó que durante su gestión se han emitido nueve Recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, relacionadas con el delito de desaparición forzada, dirigidas a diversas autoridades federales y estatales; además de que se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, que trabaja con víctimas señaladas en la Recomendación 26/2001, emitida por la CNDH cuya reparación del daño está pendiente y con nuevas víctimas, no incluidas ni identificadas.
