Después de 14 años de haber difundido imágenes de pornografía y haber abusado sexualmente de cinco niños, una profesora del Instituto Miguel de Cervantes ubicado en la villa de Etla, Oaxaca, fue capturada en Veracruz por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, corrupción de menores y pornografía infantil.
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, confirmó la captura de la presunta implicada, que se logró con apoyo y coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Detalló que la implicada fue trasladada a la ciudad de Oaxaca, donde fue internada en el penal femenil de Tanivet, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros.
Agregó que la acusada se encontraba escondida en casa de una conocida, con un alias, ademas de que se hizo una operación de nariz y mentón.
Apenas en julio del 2008 el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito Federal confirmó el auto de formal prisión en contra de Domingo Ramírez Ramírez y a su esposa Margarita Jiménez García, propietarios del Instituto Miguel de Cervantes junto con sus hijos Erick y Alejandro Ramírez Jiménez, por el delito de corrupción y abuso sexual de menores, ademas de pornografía infantil.
Según el expediente penal en el ataque a los cinco menores, algunos de ellos resultaron incluso con herpes genitales contagiados durante los abusos que eran grabados por los integrantes de la familia y la profesora recién capturada, que también participaba en los video, introduciendo objetos en las partes íntimas de los niños.
Según los testimonios de madres y padres de familia, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades hasta que intervino la SIEDO de la entonces Procuraduría General de la República y sólo así se lograron las primeras detenciones.
Diego Ramírez ya había sido detenido por hacer tocamientos indebidos a un menor de edad, pero quedó en libertad con el pago de una fianza de 10 mil pesos y regresó al instituto en donde en complicidad de su familia atacó de nuevo a otros menores.
En ese entonces los implicados consiguieron que las autoridades locales los procesaran por abuso sexual y no por el delito de violación, fue por eso que tres madres de familia se unieron para llevar las denuncias a instancias federales y sólo así fueron procesados por delincuencia organizada.
Al enfrentar los mismos cargos que la familia de los propietarios del Instituto Miguel de Cervantes, la mujer detenida enfrentaría una condena de siete años de prisión según el código penal vigente en el año en el que cometieron el delito.
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