El probable responsable del homicidio del director general de la página informativa Ocurrió Aquí, en Quintana Roo, Francisco Romero Díaz, supuestamente pertenece a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quedó a disposición del Ministerio Público. En tanto periodistas de Yucatán demandaron este domingo a las autoridades a poner un alto a la impunidad.
El deceso del comunicador ocurrió este jueves. El comunicador recibió dos balazos en la cabeza y su cuerpo fue localizado en el estacionamiento del table dance “Gotta” en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad en la calle 25 sur entre 110 y Arco Vial en la colonia Forjadores.
Este sábado autoridades estatales catearon el establecimiento -con la orden de un juez de control-.
El viernes, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca Rosales, comentó que el detenido Daniel N, dijo haber recibido una llamada en la madrugada del jueves, se le ordenó que se trasladara a un bar y al encontrarse ahí se le aproximó un conocido que le entregó un teléfono, por ese medio se le señaló que iba a llegar al lugar la ahora víctima a quien tenía que darle piso.
El hombre que le entregó el teléfono le proporcionó un arma de fuego, después un empleado de seguridad del bar le avisó que Romero estaba afuera y procedió a salir, le disparó para después huir.
Mientras que el jueves Montes de Oca manifestó que detuvieron a tres hombres responsabilizados del ataque armado al restaurante Cervecería Chapultepec en la Colonia Ejidal efectuado el lunes 13 de mayo que dejó como saldo un muerto y once heridos, posteriormente -el viernes- se dio a conocer que uno de ellos confesó ser el autor material del reportero.
Resaltó que, aunque dicen ser del CJNG, son un grupo local, que usa las siglas para atemorizar a la ciudadanía, subrayó que trabajan en corroborar esta información.
Por otra parte en un documento asociaciones locales de comunicadores, solicitaron al gobierno de Quintana Roo realizar las investigaciones que permitan esclarecer y dar con los autores materiales e intelectuales del crimen.
Al Gobierno federal le pidieron que tome cartas en el asunto y aplicar el protocolo de protección para la defensa del ejercicio periodístico.
