Ejidatarios de Huehuetoca alzaron la voz tras un proceso que consideran lleno de irregularidades, luego de que autoridades agrarias ordenaran el deslinde y supuesta entrega de más de 65 hectáreas a una representación de una sociedad mercantil. El caso ha generado preocupación entre las familias de la zona, quienes aseguran que el procedimiento no se realizó conforme a derecho.
De acuerdo con los testimonios, la ejecución fue instruida desde el Tribunal Unitario Agrario Distrito 10, lo que derivó en una diligencia encabezada por personal designado. Los afectados sostienen que no se respetaron las formalidades básicas, lo que pone en duda la validez del proceso.
“No se cumplieron las condiciones necesarias y no se valoró nuestra documentación”, señalaron representantes del ejido
Además, destacaron que siempre mantuvieron una actitud respetuosa durante el desarrollo de la diligencia.
Cuestionan mediciones y documentación presentada
Uno de los puntos más relevantes del conflicto gira en torno a la forma en que se realizaron las mediciones del terreno. Los ejidatarios aseguran que hubo inconsistencias en los trazos, lo que podría alterar significativamente la extensión real del área en disputa.
Según explicaron, durante el recorrido:
- Se utilizaron referencias distintas a las establecidas en planos oficiales
- Las mediciones no coincidieron con documentos presentados
- Se trazaron líneas que, aseguran, duplican la superficie original
También señalaron que la representación de la sociedad involucrada no habría acreditado plenamente su identidad legal en el sitio, lo que, desde su perspectiva, debió detener la diligencia.
Otro punto que generó inconformidad fue el rechazo de documentación histórica del ejido, entre la que destacan:
- Planos certificados
- Actas de deslinde
- Documentos oficiales de dotación de tierras
- Registros agrarios
Para los ejidatarios, estos elementos son clave para demostrar la propiedad legítima de las tierras.
Preparan acciones legales para impugnar el proceso
Ante este escenario, los ejidatarios, junto con su representación legal, anunciaron que continuarán con los recursos legales necesarios para impugnar la ejecución realizada. Consideran que existen fundamentos suficientes para buscar la anulación del acta levantada durante la diligencia.
Asimismo, señalaron que más de 300 personas estuvieron presentes durante el procedimiento, lo que refleja la relevancia del caso para la comunidad. A pesar de la tensión, reiteraron que en ningún momento intentaron impedir las acciones por la fuerza.
El conflicto pone sobre la mesa la importancia de garantizar procesos transparentes en materia agraria, así como el respeto a los derechos de las comunidades.
Finalmente, los ejidatarios enfatizaron que seguirán defendiendo su territorio mediante las vías legales correspondientes, con la expectativa de que las autoridades revisen a fondo el caso y se garantice una resolución justa.
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