La revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, ha generado una fuerte polémica en la escena política y mediática, luego de que el Semanario Zeta de Tijuana revelara que ambos estarían bajo investigación por presuntos vínculos con el robo de combustible (huachicol).
Según el medio, fuentes del Departamento de Estado de EE.UU. confirmaron que ambos figuran en una indagatoria binacional activa relacionada con actividades ilícitas vinculadas al robo de hidrocarburos.
Confirman razones del retiro de visa, según Zeta Tijuana
La periodista Adela Navarro, directora de Zeta, detalló que durante una investigación periodística, fuentes oficiales estadounidenses confirmaron los motivos de la sanción diplomática, lo que refuerza la veracidad de los reportes publicados.
Navarro señaló que, de acuerdo con los informantes, la revocación de la visa busca aislar a personas del entorno cercano de los principales objetivos de la investigación, en lugar de enfocarse exclusivamente en la gobernadora.
Fosa clandestina y freno a excavación habrían influido en la decisión
Un hecho adicional que habría influido en la decisión del gobierno de Estados Unidos fue la supuesta intervención de la gobernadora en el freno a las excavaciones de una fosa clandestina, descubierta el pasado 14 de abril cerca de la carretera a San Juan de la Costa, en Baja California.
El colectivo Búsqueda x La Paz confirmó el hallazgo, donde se localizaron tres cuerpos. Según Navarro, en una posterior reunión de seguridad, la mandataria expresó su preocupación por que el caso se convirtiera en “otro Teuchitlán” y ordenó detener las labores de búsqueda.
“Contribuyó a la revocación de la visa el hecho de que la gobernadora detuviera la excavación de un lugar donde se presume que hay una fosa clandestina”, subrayó la periodista.
Repercusiones políticas y expectativas
Este caso ha encendido alarmas tanto en México como en Estados Unidos, y podría tener importantes consecuencias para la administración estatal de Baja California. Mientras tanto, ni la gobernadora ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre el tema.
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