Por: Cortesía

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Pescador denuncia intento ilegal de restricción de acceso en playa de Yucatán

Yucatán.- Recientemente, un video ha generado indignación en redes sociales tras mostrar un ciudadano italiano, identificado como Alessandro, quien prohibió a un pescador de la región realizar su actividad de captura de cangrejos en las playas de Santa Clara, Yucatán. El pescador, José de Jesús, utiliza los cangrejos como cebo para pescar pulpo.

El argumento del ciudadano italiano

Alessandro argumentó que las trampas colocadas por el pescador podían ser peligrosas ya que se encontraban en la playa durante la mañana, cuando los niños se dirigían a la escuela. Sin embargo, José de Jesús grabó un video mostrando que en ese momento la playa estaba vacía, desmintiendo las acusaciones.

José de Jesús explicó en el video que las playas son públicas y que no está haciendo nada ilegal. Recalcó que el lugar es de libre acceso para todos: “Este es tu mar, el mío no es, es de todos”. Además, denunció que Alessandro había bloqueado su entrada al mar, alegando que era su propiedad, algo que es ilegal.

La ley que garantiza el libre acceso a las playas

La Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2020, establece que las playas son de acceso libre para todos los ciudadanos. El artículo 8 prohíbe cualquier restricción al tránsito en las playas, y SEMARNAT asegura que se debe respetar el acceso sin obstáculos.

Las sanciones por obstaculizar el acceso a las playas

El artículo 154 de la LGBN establece que aquellos que obstruyan el acceso a las playas pueden ser sancionados con multas de hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la posible revocación de concesiones. Estas normas están diseñadas para evitar la privatización de los espacios públicos como las playas, garantizando que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ellas.

El reclamo del italiano carece de fundamentos legales

La reclamación del ciudadano italiano carece de fundamento legal, ya que la Ley prohíbe cualquier intento de privatización o restricción en las playas. Las autoridades deben velar por que se respete el derecho al libre acceso a estas zonas.