En los últimos años el estado de Zacatecas se ha convertido en un centro neurálgico más de la violencia en México. Sus conexiones con otras entidades y las carreteras importantes que lo atraviesan son factores de relevancia para el crimen organizado.
La escalada de violencia ha llegado a tal grado que en los últimos meses se han visto una serie de asesinatos de funcionarios estatales. El más reciente fue el caso del Juez de Control del Poder Judicial de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, quien la mañana del pasado 3 de diciembre recibió dos disparos en la cabeza cuando salía de su casa en el municipio de Guadalupe.
El juez Elías Martínez no había recibido amenazas contra su vida, aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), Arturo Nahle García. Al día siguiente ocurrieron dos hechos simultáneos que paralizaron Zacatecas.
Terror en Cieneguillas
El primero se registró en el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) Varonil de Cieneguillas, donde según los informes un camión embistió las puertas de la prisión, con la intención de facilitar la fuga de los reos, antes de que cayera en una zanja y el plan resultara frustrado.
El Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Adolfo Marín Marín, dijo que el camión era conducido por integrantes del Cártel de Sinaloa, uno de los dos cárteles que se disputan el control territorial de Zacatecas.
Los internos se amotinaron cuando escucharon el impacto del vehículo al exterior, aunque ninguno de ellos consiguió escapar. Sin embargo, algunos miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron, así como otros reclusos resultaron heridos durante el motín.
En los minutos posteriores al motín se registraron tiroteos en todo el estado. Se levantaron barricadas en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo, y se quemaron vehículos y casetas de peaje en varias carreteras, aunque según la prensa local no se reportaron fallecidos.
El secretario seguridad dijo a los medios que las autoridades tenían información que sugería que los bloqueos formaban parte de una acción coordinada para desviar la atención de la prisión.
El 24 de noviembre, el general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional de Zacatecas, fue asesinado a tiros en un enfrentamiento con un grupo del crimen organizado. Días después, el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, anunció que el asesinato era obra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el otro gran cártel que opera en la entidad.
Las autoridades detuvieron a 12 presuntos miembros del CJNG presuntamente vinculados con el asesinato, añadió. Urzúa Padilla era el militar de mayor rango asesinado desde la creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019 y supervisaba una fuerza de casi dos mil soldados en el estado, según Proceso.
Nueva etapa criminal
Las organizaciones criminales suelen atentar contra las autoridades como parte de sus esfuerzos por controlar territorios. Pero la escalada de estos ataques sugiere que la competencia por el Estado se está intensificando, y que las organizaciones criminales están avanzando hacia una nueva etapa en la gobernanza criminal.
La ubicación de Zacatecas es el prfincipal factor de su estado actual. Sin embargo, ni el Cártel de Sinaloa ni el CJNG han conseguido la supremacía total en la zona.
Dominar un territorio requiere el apoyo de las autoridades locales. Los cárteles probablemente intentarán primero cooptar a estas autoridades por medios como el soborno. Si esto falla, los cárteles utilizarán la violencia para obligar a las autoridades a acobardarse, dijo al portal de narcotráfico InSight Crime, Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en seguridad pública.
En el caso de Zacatecas, la guerra entre los dos cárteles más grandes de México ha puesto a las autoridades en el medio. “La lucha por el control de las autoridades se incrementa a la par de la mayor competencia por el control del territorio”, dijo el experto.
El CJNG no ha dudado en atacar a las autoridades estatales en el pasado. Cuando sus esfuerzos de gobierno criminal se han visto amenazados, el grupo ha actuado.
Los cárteles y sus células se han enzarzado en violentos tiroteos en zonas rurales como Jerez, próximas a zonas de cultivo de amapola y marihuana, provocando desplazamientos masivos.
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