Autoridades mexicanas anunciaron este lunes la destitución de dos funcionarios del violento estado oriental de Veracruz que entregaron los restos de una persona desaparecida a sus familiares dentro de bolsas plásticas, violando los derechos humanos de la víctima.
El caso, denunciado el sábado por el colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, se refiere a Eladio Aguirre Chable, de 30 años, cuyos restos fueron entregados a su hermana en “condiciones deplorables y precarias” dentro de bolsas de plástico negras por un fiscal y un encargado de la procuraduría del municipio Las Choapas.
“Se han iniciado las investigaciones (...) para fincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la ley general de víctimas”, dijo la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández, en un video publicado por su despacho en redes sociales.
La fiscal detalló que dicho acto violentó los protocolos legales y de derechos humanos que deben seguirse al momento “de la entrega digna de personas fallecidas”.
En su denuncia, el colectivo calificó el trato a la familia Rodríguez Chable como “cruel, inhumano, degradante y revictimizante”, mientras que su vocera, Lenit Moreno, exigió este lunes a la fiscalía estatal vigilar la actuación de sus trabajadores.
“Siempre somos las víctimas (...) quienes hemos demostrado a la fiscalía lo mal que sus servidores públicos están laborando (...) Espero que no solo sea un cambio de unidad para los dos servidores públicos, sino que se haga una acción penal para ellos”, dijo Moreno a periodistas.
Eladio Aguirre Chable desapareció en Veracruz en mayo de 2020, cuando fue a visitar a sus padres desde Cancún, ciudad del sureste donde trabajaba.
Sus restos fueron hallados el viernes pasado en una zona de pantanos cercana al río Tonalá, que divide Veracruz del vecino estado de Tabasco (sureste). De hecho, el cuerpo fue encontrado por uno de sus familiares, quien destacó que al principio las autoridades se negaron a realizar la entrega de su pariente, argumentando que primero se le debían hacer exámenes genéticos.
Desde finales de 2006, cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas, y hasta diciembre del año pasado, México sumaba 80,517 denuncias de personas desaparecidas, un dato que se actualiza diariamente, según el gobierno.
Además, desde el inicio del operativo y hasta la fecha, más de 300,000 personas han sido asesinadas, según las cifras oficiales, que no esclarecen cuántas de las víctimas son resultado del combate a las mafias.
El trato de las autoridades fue reportado por la familia y el colectivo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde impondrán una queja contra los dos funcionarios de la fiscalía, según un portal de noticias nacionales.
De 2018 a 2020, con 680 secuestros, Veracruz es la entidad con más delitos de este tipo en el país y Xalapa, el municipio con mayor incidencia en el estado, reveló el informe de la ONG Alto al Secuestro, presentado el 13 de enero.
Fue por medio de un comunicado que el colectivo de madres denunció la poca sensibilidad de los funcionario y su representante exigió por redes sociales que se abriera una investigación en contra de dos fiscales adscritos a la sub unidad de Las Choapas, quienes presuntamente fueron los responsables de que se entregaran los restos en esas circunstancias y de obstaculizar la búsqueda y el reconocimiento del cadáver.
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