En Puebla se castigará con seis años de prisión a quien agreda a personal médico, público y privado, durante una emergencia sanitaria.
Mientras que en Tamaulipas las penas son de hasta 4 años y medio de prisión y multas de 26 mil pesos.
Puebla
La iniciativa enviada por el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, para reformar los artículos 357 y 438 Bis del Código Penal, fue respaldada mayoritariamente por los diputados tanto en lo general como en lo particular, aunque hubo reclamos de algunos legisladores que señalaron que había propuestas similares presentadas antes que la del mandatario estatal, las cuales ni siquiera fueron tomadas en cuenta.
Lo aprobado este miércoles agrega en el artículo 357 del Código Penal que "cuando la conducta (discriminación) sea cometida en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería, y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión incrementará de tres a seis años".
También se adicionó un artículo 338 bis al Código para que las sanciones por delitos cometidos contra personal médico aumenten durante cualquier contingencia sanitaria.
"Tratándose de delitos cometidos contra médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares del sector público que presten servicios de salud en términos de la ley de la materia, que en ejercicio de sus funciones o derivado de las mismas, durante el tiempo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena aumentará en un tanto, además de la que corresponda por el o los delitos cometidos", señala la modificación.
Tamaulipas
En la sesión de este miércoles, el pleno legislativo apoyó las reformas al Código Penal que agravan las sanciones para quienes realicen conductas en contra de este segmento de la sociedad, en el periodo de contingencia por el COVID-19, alcanzando penas de hasta 4 años y medio de prisión y multas de alrededor de 26 mil pesos.
La iniciativa fue presentada por el diputado, Gerardo Peña Flores, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, en la que se propone sancionar las conductas de quienes menoscaben los derechos humanos o nieguen un servicio o prestación al personal médico y de salud.
El dictamen señala que los tipos penales agravados se identificarán en función de qué circunstancias del hecho revelan una especial conducta en su autor y un riesgo mayor al bien jurídico tutelado, pues existen ocasiones en las que pueden surgir por la relación entre el autor y su víctima, o bien, por otro tipo de motivos.
“Desde esta tribuna se reconoce a las personas que se desempeñan en el campo de la salud con los riesgos de poder contraer este virus, en medio de la contingencia que se vive”, señaló el legislador Fernando García.
Las iniciativas surgieron luego de las agresiones que ha sufrido personal del sector salud en distintas partes de la República.
Por ejemplo, en Tamaulipas, a través de redes sociales, personal de salud ha denunciado públicamente ataques con cloro, en el caso de un enfermero de Reynosa, un socorrista de Tampico a quien no le permitieron subir a un autobús urbano, así como a un médico internista del hospital del IMSS también en Reynosa y en Victoria, a un grupo de enfermeras, a quienes no les permitieron entrar a un restaurante, entre otros.
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