Más de 155 mil drones del crimen organizado han invadido la frontera de EE.UU. para espiar a autoridades; migración ilegal cae más del 70 % en Texas.
Un preocupante fenómeno ha encendido las alertas de las autoridades estadounidenses: más de 155 mil drones, presuntamente operados por el crimen organizado, han sido detectados ingresando ilegalmente al país desde febrero de 2022. Estos dispositivos no tripulados tienen como objetivo vigilar los movimientos de las agencias de seguridad fronteriza para facilitar actividades ilícitas.
La cifra fue revelada por Gloria Chávez, jefa de patrulla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien describió a los drones como "una amenaza muy seria" durante una charla informativa virtual. Según explicó, los delincuentes los utilizan para grabar operaciones tácticas y conocer las rutas menos vigiladas, lo que les da ventaja en el tráfico de personas, armas o drogas.
Además de su función de espionaje, existe inquietud por su posible uso en ataques con explosivos u otros actos directos contra agentes de seguridad.
La mayor presencia de estos aparatos se concentra en el suroeste fronterizo, especialmente en los sectores colindantes con México. “Sabemos que quienes manejan estos drones están vinculados al narcotráfico”, afirmó Chávez, subrayando los riesgos que enfrentan quienes patrullan la zona.
Para hacer frente a esta amenaza tecnológica, la CBP ha intensificado su colaboración con el gobierno mexicano, particularmente con la Guardia Nacional, que ha desplegado más de 10 mil efectivos para reforzar la vigilancia en las garitas y frenar el tráfico de fentanilo, una droga de alta letalidad.
Además de los desafíos en seguridad, Chávez informó sobre una reducción significativa en los cruces ilegales de migrantes en el sector del Valle del Río Grande. De acuerdo con sus cifras, los intentos de entrada irregular han caído un 71 % desde el inicio de la nueva administración.
Chávez fue clara al recordar las consecuencias inmediatas para quienes intentan ingresar a Estados Unidos sin autorización: detención, enjuiciamiento y deportación inmediata. “No hay segundas oportunidades”, enfatizó.
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