El Tribunal Constitucional de Perú ha anulado este lunes la prisión preventiva de la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, al haber recibido aportes de un millón 200.000 dólares de la caja paralela de Odebrecht en la campaña electoral de 2011.
La hija mayor de Alberto Fujimori ha pasado poco más de 13 meses en un penal de Lima, luego de que tres instancias del Poder Judicial dispusieran la medida de prisión para impedir que la excandidata presidencial continuara obstruyendo las pesquisas.
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo que la votación fue de cuatro contra tres magistrados a favor del habeas corpus [Una garantía del ciudadano frente a cualquier privación de libertad ilegítima] presentado por Sachi Fujimori en representación de su hermana, Keiko. Blume aseguró, además, que la decisión se ha basado “en el derecho a la libertad personal”.
“Dejo aclarado que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo: no ha declarado su absolución ni la ha condenado, esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial que el Tribunal respeta de manera respetuosa”, comentó el magistrado.
La sentencia aprobada por cuatro magistrados, entre ellos Blume, anula las resoluciones de prisión preventiva que dieron tres juzgados -de instrucción preparatoria, de la Corte Superior, y de la Corte Suprema dadas las apelaciones de la defensa de Fujimori- y dispone “retrotraer las cosas al estado anterior y la inmediata libertad” de la lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular, dijo el presidente del Constitucional peruano.
La decisión sobre la libertad de Keiko Fujimori fue uno de los motivos por los cuales la mayoría fujimorista en el Congreso -hoy disuelto- apresuró a fines de septiembre la votación de nuevos magistrados del Constitucional, ya que el mandato de seis de los siete ha quedado vencido.
Los magistrados Blume, José Luis Sardón y Raúl Ferrero tienen una larga trayectoria de afinidad con el fujimorismo desde el Gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90, pero las bancadas fujimorista y su aliada del Partido Aprista, no tenían certeza de que contarían con un voto adicional para dar la razón al habeas corpus y permitir la excarcelación.
La rapidez con la que el Parlamento quiso elegir a varios magistrados del Constitucional afines al fujimorismo llevó al Ejecutivo, en septiembre, a plantear una "cuestión de confianza" al Legislativo para que modificara la forma de elegir a los nuevos miembros, incorporando mecanismos de transparencia y publicidad de candidatos.
Según la Constitución peruana, si el Ejecutivo solicita "cuestión de confianza" para el Gabinete de ministros por medidas o proyectos de ley prioritarios y en la votación el Congreso se la rehúsa dos veces en un Gobierno, el presidente está facultado a cerrar el Parlamento. Por ello, Martín Vizcarra disolvió el Congreso el pasado 30 de septiembre, horas después de que la mayoría opositora eligiera, en una votación con irregularidades, a un nuevo miembro del Constitucional: un primo del entonces presidente del Parlamento.
Sin embargo, como la elección del nuevo magistrado fue impugnada por dos parlamentarias antes del cierre del Congreso, el Constitucional no pudo incorporarlo en reemplazo de los que tenían mandato vencido, como esperaba el fujimorismo. El cuarto voto que permitirá a Fujimori volver a su casa ha sido del magistrado Carlos Ramos, quien causó noticia en mayo pasado cuando, en un viaje no oficial fuera de Lima, desapareció 16 horas escabulléndose de su escolta, y fue hallado en un club nocturno. Días después, el pleno del Constitucional lo amonestó pública y severamente por su conducta.
En la última semana, el esposo de Fujimori, el estadounidense Mark Vito, estuvo en huelga de hambre afuera de la prisión, para exigir que el Tribunal resolviera a favor de su familia. Al conocer la decisión ha dicho que espera que pasen juntos el cumpleaños de una de sus hijas. “Sería un sueño que Keiko nos haga lomo saltado”, ha añadido, aludiendo a uno de los platillos de la gastronomía peruana.
Aportes no declarados
La excandidata presidencial del fujimorismo en 2011 y 2016 tuvo la mañana del lunes una diligencia con el fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, quien debía interrogarla acerca de los 3,65 millones de dólares en efectivo que recibió -y no reportó- como aportes para su campaña presidencial 2011 de Dionisio Romero Paoletti, cabeza del principal grupo financiero de Perú, Credicorp. Fujimori prefirió guardar silencio.
En 2011, la candidata presidencial no declaró a las autoridades electorales sobre dicho monto, ni Credicorp hizo lo propio ante la Superintendencia de la Bolsa de Valores o a la Superintendencia de Administración Tributaria de Perú. El poderoso empresario declaró a la Fiscalía el pasado lunes 18 que retiró los dólares de una cuenta de Credicorp en Gran Caymán, donde está domiciliada la firma, y los entregó en seis maletines de cuero a la lideresa fujimorista y a su jefe de campaña en Lima. Es decir, los convirtió en dinero negro.
Luego de la revelación de Romero al Equipo Lava Jato, otros dos poderosos empresarios han declarado como testigos ante el fiscal Pérez sobre aportes de campaña a la candidata fujimorista en 2011: el dueño de la principal empresa láctea, Gloria, y el dueño de uno de los mayores grupos mineros, Volcán, informaron que entregaron 200.000 dólares.
En los trece meses que Fujimori ha estado en prisión, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía ha sido atacado por tres fiscales supremos investigados de pertenecer a la red de corrupción del sistema de justicia llamada los Cuellos Blancos del Puerto, vinculados con políticos y empresarios fujimoristas. Pero también en ese mismo período ha seguido obteniendo pruebas de que Fujimori y sus allegados se hicieron de dinero negro que luego trasladaron al sistema financiero simulando aportes de ciudadanos que no sabían para qué estaban prestando su nombre.
Según las estimaciones de algunos abogados, Keiko Fujimori podría salir de prisión este viernes. Tras la disolución del Parlamento a fines de septiembre, el próximo 26 de enero habrá elecciones legislativas a las que varios excongresistas fujimoristas se presentarán nuevamente. Los analistas estiman que la lideresa de Fuerza Popular orientará sus energías como estratega de campaña de sus defensores, ya que de alcanzar un escaño significará inmunidad parlamentaria hasta julio de 2021 y un espacio para maniobrar contra las investigaciones por corrupción. Mientras tanto, grupos de manifestantes en Lima y Cusco han protestado la noche este lunes contra la decisión del Constitucional.
La noche de este lunes, en el Teatro Nacional de la capital peruana, un grupo de artistas protestó con pancartas durante una ceremonia del Ministerio de Cultura. "Fujimori nunca más", "Keiko = Korrupción", se leía en algunos de los carteles que se levantaron en el escenario los artistas que ganaron los concursos anuales de financiamiento para proyectos culturales. "Fujimori nunca más", se alcanzaba a leer.
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