Pedro Llanque, dirigente del Pacto de Unidad, grupo de seguidores de Morales, expresó que "él no asistirá porque todo esto es un chantaje".
Bolivia.- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, ha decidido no asistir a la citación de la Fiscalía por el caso en el que es investigado por "trata de personas" y "estupro". Organizaciones sociales afines al ex mandatario confirmaron esta información, argumentando que la situación es un "chantaje".
Acusaciones y respuesta del pacto de unidad
Pedro Llanque, dirigente del Pacto de Unidad, grupo de seguidores de Morales, expresó que "él no asistirá porque todo esto es un chantaje". Llanque también acusó al presidente Luis Arce de movilizar a más de 600 policías en cada departamento con el propósito de detener a Morales.
Las denuncias, que están en poder de la Fiscalía boliviana, alegan que Morales cometió delitos de "trata de personas" y "estupro" con una menor de edad, supuestamente hija de una joven del grupo juvenil 'Generación Evo', creado durante su presidencia.
Para el Pacto de Unidad, el caso es "inventado", y sus miembros se han declarado "en estado de emergencia permanente". Llanque advirtió que, si se emite una orden de aprehensión, organizarán un bloqueo nacional de caminos hasta que Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca se retiren del poder.
Defensa de Morales y contexto político
El ex presidente, por su parte, aseguró que enfrentará esta "batalla jurídica", la cual considera una acusación "política". Anunció que cuenta con más de 200 abogados dispuestos a defenderlo "gratuitamente".
Esta semana, Morales ha estado activo en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical. La denuncia en su contra fue presentada el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, poco después de que Morales y miles de seguidores dieran un ultimátum al gobierno actual tras una marcha de 187 kilómetros.
Morales sostiene que las acusaciones son parte de una "persecución política" diseñada para impedir su postulación a la presidencia en las elecciones generales de 2025.
El Grupo de Puebla, un foro político y académico de la izquierda latinoamericana, ha expresado su preocupación por lo que consideran una “campaña de lawfare” o judicialización política en contra del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
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