El 25 de mayo de 2020 era un día de fiesta en todo Estados Unidos. Memorial Day, el día de los Caídos. George Floyd planeaba celebrarlo con una barbacoa. En lugar de eso, murió asfixiado bajo la presión de la rodilla del policía Derek Chauvin después de que en una tienda de la que era cliente habitual quisieran darle un escarmiento llamando a la policía por haber pagado con un billete falso de 20 dólares una cajetilla de cigarrillos mentolados. El vídeo de su muerte, nueve minutos de tragedia en construcción, desató la mayor oleada de protestas contra el racismo en Estados Unidos desde los tiempos de Martin Luther King.
Dos años después, familiares de George Floyd, defensores de los derechos civiles y agentes de la ley tienen este miércoles una cita en la Casa Blanca. A las 16.00, hora de Washington, 22.00, hora peninsular española, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará lo que su Administración describe como “una orden ejecutiva histórica”. La norma que, de haber estado en vigor hace dos años, tal vez —solo tal vez― habría impedido la muerte de Floyd.
Aquel crimen policial y las protestas y disturbios posteriores en el último tramo del mandato del anterior presidente, Donald Trump, se convirtieron en objeto de debate en la campaña electoral de las elecciones de 2020. Biden prometió reformar la policía si llegaba a presidente. Lo intentó al llegar a la Casa Blanca promoviendo una reforma legal en el Congreso, pero fracasó en el intento por la oposición republicana. El proyecto fue abandonado en septiembre pasado. Ahora se recupera la parte que no necesita rango de ley. Se aplica inicialmente a 100.000 agentes federales, pero la Administración de Biden incentivará que sea asumida por otros cuerpos policiales a cambio de subvenciones.
El objetivo de la orden es, precisamente, evitar los abusos policiales con una reforma de algunos procedimientos y un mayor control y vigilancia sobre los agentes que cometan excesos. La idea es limitar el uso de las armas y de la fuerza a lo que sea realmente necesario.
La orden limitará la utilización de llaves como la que aplicó un policía para inmovilizar a Lloyd arrodillándose sobre su cuello, y con la que provocó su muerte por ahogamiento mientras otros tres agentes miraban. Ordena a las fuerzas federales que adopten políticas que prohíban las llaves de estrangulamiento y las sujeciones en el cuello a menos que se autorice el uso de la fuerza letal. La orden también pondrá coto a las patadas en la puerta, limitando las entradas a domicilios sin llamada previa a los supuestos en que la llamada implique una amenaza inminente de respuesta violenta.
La nueva norma parte de la admisión por parte de Biden de que hay un “racismo sistémico” en Estados Unidos. “La policía no puede cumplir su función de mantener la seguridad de las comunidades sin la confianza del público en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia penal. Sin embargo, hoy en día hay lugares en Estados Unidos en los que los lazos de confianza están desgastados o rotos. Para sanar como nación, debemos reconocer que los encuentros mortales con las fuerzas del orden han implicado de forma desproporcionada a personas negras y morenas”, explica la Casa Blanca.
Frente a algunas críticas de cuerpos policiales de que las medidas previstas perjudican la lucha contra la delincuencia, la tesis de Biden es justo la contraria: “El aumento de la confianza hace que la labor policial sea más eficaz y, por tanto, refuerza la seguridad pública. Sin esa confianza, las víctimas no piden ayuda. Los testigos no dan un paso adelante. Los delitos quedan sin resolver. No se hace justicia”.
Una base de datos nacional
La orden crea una nueva base de datos nacional sobre mala conducta policial, en la que deberán participar todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley. En ella se incluirán condenas, ceses, retiradas de licencias, sentencias civiles, dimisiones y jubilaciones mientras se investigan las faltas graves, denuncias y acciones disciplinarias. Todos los organismos federales deberán utilizar la base de datos para la selección de personal, que será accesible para cuerpos estatales y locales, a los que se anima a alimentar también su contenido.
La nueva norma incluye también medidas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de los derechos civiles en el ámbito penal, para promover la investigación exhaustiva y la preservación de las pruebas después de incidentes que impliquen el uso de la fuerza letal o la muerte de personas detenidas y para generalizar políticas de uso de cámaras de vídeo corporales que ordenen la activación de las mismas durante detenciones y registros y que prevean la publicación rápida de las grabaciones tras incidentes que impliquen lesiones corporales graves o muertes.
Una de las claves del éxito de la nueva regulación es que se apliquen políticas de uso de la fuerza más estrictas. La norma exige como mínimo el baremo del Departamento de Justicia, que autoriza el uso de la fuerza solo cuando no parezca existir ninguna alternativa razonablemente eficaz, segura y viable; y la fuerza letal solo cuando sea necesaria. Además, hace hincapié en la desescalada, en el deber de intervenir para detener la fuerza excesiva y el de prestar asistencia médica.
Entre otras muchas medidas, se dará formación a las fuerzas de seguridad sobre los prejuicios y sesgos implícitos y sobre cómo evitar la elaboración de perfiles de sospechosos inadecuados que se basen “en la raza, el origen étnico, la nacionalidad, el dominio limitado del inglés, la religión, el sexo (incluida la orientación sexual y la identidad de género) o la discapacidad de las personas”, explica la Casa Blanca. También se pretende evitar esos mismos sesgos en la tecnología de reconocimiento facial, otras tecnologías biométricas y algoritmos predictivos.
Derek Chauvin, el policía blanco de Minneápolis que mató a Floyd el 25 de mayo de 2020, fue condenado a 22 años y medio de prisión el año pasado. Uno de los tres agentes que asistía a la escena se declaró culpable la semana pasada de complicidad en el homicidio.
