La decisión del Gobierno de Joe Biden de rechazar una solicitud de reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, muestra el nuevo rumbo que toma la política exterior del demócrata hacia Centroamérica, cuya mayoría de países sufre una fuerte crisis de derechos humanos, corrupción y de auge de autoritarismos.
La nueva Administración ha expresado sus “diferencias” con las decisiones tomadas por Bukele, un mandatario que goza de una enorme popularidad en su país, pero que intenta tener control de las instituciones, mientras ataca públicamente a los medios de comunicación y las voces críticas. Washington también ha exigido un “cambio de rumbo” al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, ante lo que ha calificado como la “intensificación de la represión” en ese país sumido desde 2018 en una profunda crisis política. “La Administración Biden está comprometida con apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado publicado el lunes.
Bukele realizó la semana pasada un viaje no anunciado a Washington con el ánimo de reunirse con funcionarios de la Administración Biden, informó el lunes la agencia AP, que cita fuentes ligadas al Gobierno estadounidense. Ningún funcionario accedió a reunirse con el mandatario. Bukele negó haber solicitado reuniones con funcionarios del Gobierno de Biden y dijo que se trató de un viaje privado. “El que crea que un presidente va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio”, dijo el centroamericano en Twitter, su red social favorita para comunicarse con sus seguidores y por la que informa sobre sus decisiones presidenciales.
El Gobierno salvadoreño mantiene un contrato de 450.000 dólares con la firma de cabildeo Sonoran Policy Group para lograr respaldos dentro del sistema legislativo de Estados Unidos frente al cambio de la política exterior de Biden, informa AP. “El hecho que invierta una enorme fortuna en comprar acceso en Washington e intentar maquillar su imagen revela la precaria situación de su Gobierno con la actual Administración y con el Congreso de Estados Unidos”, explica a EL PAÍS José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch y una voz crítica con las acciones de Bukele.
El mandatario salvadoreño había arropado la política migratoria del expresidente Donald Trump, quien llegó a referirse a El Salvador como “país de mierda”, y dijo que su Gobierno estaba comprometido en reducir la migración irregular a Estados Unidos, dentro de los llamados acuerdos de “tercer país seguro”, que permitían deportar solicitantes de asilo a estos países y que han sido suspendidos por la Administración de Biden. De hecho, el mandatario salvadoreño calificaba al Gobierno de Trump como “nuestro aliado” y en la ceremonia de despedida del embajador estadounidense en El Salvador, Ronald Johnson, a mediados de enero dijo que “dudaba mucho” que tuviera una “amistad igual” con el reemplazo del diplomático, a quien incluso condecoró con una orden creada para la ocasión.
El hecho de que ningún funcionario del Gobierno de Estados Unidos accediera a reunirse con el mandatario “es un mensaje muy contundente, porque muestra a Bukele que las cosas han cambiado, que su conducta a nivel interno desde el punto de vista de derechos humanos, corrupción y su falta de respeto al Estado de derecho tiene consecuencias en la relación bilateral con Washington”, explica Vivanco. “Mientras duró Trump, Bukele llegó a un entendimiento claro con Washington. El embajador de Trump en San Salvador era como el jefe de la barra que daba oxígeno de apoyo a Bukele, circunstancia que ha cambiado, porque Biden ha dejado muy claro que las relaciones bilaterales deberán estar fundadas en la lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, agrega.
El desplante al líder salvadoreño se da un mes después de que dos congresistas demócratas le pidieran en una carta que no avive las divisiones en El Salvador, luego de un ataque a una caravana de simpatizantes del opositor FMLN, que dejó dos muertos. Bukele, en lugar de condenar el atentado, arremetió contra los opositores y las voces que critican su forma de gobernar y que lo culparon de sembrar odio en la población. “Están tan desesperados por no perder sus privilegios y la corrupción”, dijo el mandatario horas después del suceso. En la misiva, firmada por los congresistas Albio Sires y Norma J. Torres, ambos legisladores advirtieron de las consecuencias que pueden tener los “mensajes mordaces de desinformación, división y miedo” de Bukele y le pidieron que “como presidente de El Salvador use el poder de su oficina no para avivar divisiones en aras del beneficio político, como hizo el expresidente Trump, sino para transmitir mensajes de paz y unidad”.
Preocupación por la deriva nicaragüense
La Administración Biden también ha mostrado su preocupación por la situación en Nicaragua, país que sufre una profunda crisis política desde 2018, cuando el presidente Daniel Ortega desató una brutal represión contra las manifestaciones que exigían el fin de su mandato y la celebración de elecciones libres. En un comunicado publicado el lunes, el Departamento de Estado afirmó que “Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión del Gobierno del presidente Ortega” y cita medidas como la llamada “Ley de Agentes Extranjeros”, una de cuatro normativas aprobadas por el Parlamento de Nicaragua para acallar a la disidencia. Estas han obligado a dos prominentes organizaciones a cerrar sus operaciones debido a los controles y cortapisas que imponen a los organismos que promueven el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión y prensa en el país centroamericano.
“Estos acontecimientos asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan al país de unas elecciones libres y justas. Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura. Esto aislará aún más a su régimen de la comunidad global”, se advierte en la carta. “La Administración Biden está comprometida con apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia. Estamos enfocados en empoderar a la sociedad civil y mejorar el respeto por los derechos humanos. Instamos al presidente Ortega a que cambie de rumbo ahora”, exige el Departamento de Estado en el documento.
Estados Unidos ha aumentado la presión al régimen de Ortega imponiendo sanciones al círculo cercano al mandatario, incluyendo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sus hijos, operadores cercanos e integrantes de la Asamblea Nacional y el sistema de justicia, ambos organismos controlados por el exguerrillero sandinista. “No veo ninguna posibilidad de que la actual Administración, comprometida con los derechos humanos y la democracia, vaya a modificar la política hacia Nicaragua, una dictadura dirigida por una pareja aferrada al poder al cualquier precio, con responsabilidades directas en masivas violaciones a los derechos humanos”, dice Vivanco, quien estima que inicia una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica, con un Gobierno que “por primera vez”, afirma, está interesado en desarrollar una política exterior hacia la región “guiada por el respeto a las libertades públicas y los valores democráticos”.
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