El pasado 16 de febrero de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos informó que, como parte de la operación denominada Southern Spear, su Fuerza de Tarea Conjunta ejecutó tres ataques aéreos contra embarcaciones que, según su inteligencia, estaban vinculadas con organizaciones relacionadas al narcotráfico.
De acuerdo con el comunicado oficial, dos de las acciones ocurrieron en el Pacífico Oriental y una más en el Mar Caribe. El saldo reportado fue de 11 personas fallecidas, sin bajas entre elementos estadounidenses.
Las autoridades norteamericanas señalaron que las embarcaciones transitaban por rutas consideradas habituales para el tráfico de drogas y que participaban en actividades ilícitas. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido públicamente pruebas que identifiquen a los ocupantes de las lanchas.
La operación forma parte de una estrategia más amplia de interdicción marítima implementada desde finales de 2025.
Familiares aseguran que eran originarios de Bahía de Banderas
En México, la noticia tomó otro rumbo luego de que familiares y medios locales aseguraran que ocho de los once fallecidos eran originarios de Bahía de Banderas, Nayarit.
Según estas versiones, siete de ellos residían en la comunidad de La Cruz de Huanacaxtle y uno más en Corral del Risco. Los nombres difundidos por allegados incluyen a Edgar “N”, Diego “N”, Pedro Adrián “N”, Luis Carlos “N”, Carlos “N”, Abel “N”, José Francisco “N” y Braulio “N”.
Vecinos de estas localidades han expresado dolor, consternación y exigencia de claridad. En algunos puntos se realizaron vigilias y homenajes para recordar a los hombres señalados como víctimas.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial por parte de autoridades mexicanas sobre la identidad ni el origen de los fallecidos, lo que ha incrementado la incertidumbre en la región.
Debate internacional y presión al gobierno mexicano
La operación ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. Especialistas en derecho internacional han señalado que este tipo de acciones en alta mar pueden resultar polémicas, sobre todo si se ejecutan en aguas internacionales sin procesos judiciales visibles.
Críticos consideran que, aunque Estados Unidos argumenta que se trata de combate al narcotráfico, la falta de información pública detallada deja dudas sobre la identidad real de las personas atacadas.
En México, la ausencia de un posicionamiento oficial más amplio ha provocado presión social para que el gobierno:
- Aclare la situación jurídica de los hechos
- Confirme la identidad de las víctimas
- Garantice la protección de ciudadanos mexicanos en contextos internacionales
- Establezca canales diplomáticos claros con Washington
Para comunidades costeras de Nayarit, el impacto ha sido directo y emocional. Más allá del debate geopolítico, familias enteras esperan respuestas formales sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, el caso continúa generando discusión tanto en el ámbito diplomático como en el social, en un contexto donde la seguridad marítima y la cooperación internacional contra el narcotráfico siguen siendo temas sensibles en la agenda bilateral.
Temas relacionados:
