El Plan Marshall para Centroamérica, el proyecto de cooperación y desarrollo impulsado por el Gobierno de México para atajar las causas estructurales de la migración, cuenta ya con una hoja de ruta aterrizada sobre el terreno y un gran reto para ponerla en marcha: reunir en cinco años 45.000 millones de dólares de manos públicas y privadas. Ese es el cálculo de la CEPAL, el organismo económico para América Latina de la ONU, que ha auspiciado un proyecto nacido de un primer acuerdo en 2018 con el entonces aún Gobierno interino de Andrés Manuel López Obrador.
“Este no es un plan de la CEPAL, si no de los Gobiernos. Nosotros solo estamos acompañando”, ha subrayado este viernes la secretaria del organismo, Alicia Bárcena, tras la presentación oficial del programa. Fue en Ciudad de México durante la antesala de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y ante una representación de altos funcionarios de los tres países participantes, Guatemala, Salvador y Honduras, además de México. El gran ausente ha sido EE UU, otro socio importante en el germen del proyecto y que ni siquiera ha sido mencionado durante la presentación de la hoja de ruta.
La apuesta inicial del Gobierno de López Obrador, todavía durante el mandato de Donald Trump, era impulsar un cambio de paradigma a través de nuevos canales de inversión en su frontera sur con el apoyo de Estados Unidos, que también incrementaría las ayudas a los países del triángulo norte de Centroamérica. La ambiciosa meta hace tres años era que el acuerdo empezara a dar resultados tangibles en 2020.
De momento, el plan presentado este viernes dibuja un “ecosistema de financiación” para desarrollar 114 programas basados en la inversión en infraestructura, comercio y mercado de trabajo. Con la participación de 19 agencias de la ONU, la agenda acordada pasa por utilizar la plataforma de la organización para lograr fuentes de financiación. Desde fondos de los propios Gobiernos implicados a mecanismos de cooperación multilateral, banca de desarrollo, donantes y otros agentes privados.
La incógnita sobre el papel de EE UU
Antes de la presentación oficial del plan, México ya había comenzado a moverse. A finales de 2018, el Ejecutivo de López Obrador se comprometió a invertir 25.000 millones de dólares en la frontera sur del país en un plazo de cinco años. Además de extender a los países vecinos algunos de sus programas sociales, como su apuesta por la reforestación subvencionada y una bolsa de becas de trabajo para jóvenes. Washington, por su parte, ofreció entonces otros 5.800 millones para mejorar la gobernanza e impulsar reformas institucionales en El Salvador, Guatemala y Honduras.
El cambio en la Casa Blanca obligó a volver a abrir las negociaciones con la ventaja de una, en teoría, mayor sintonía ideológica. Biden llegó al poder comprometido a recuperar el espíritu de la diplomacia de Obama. Una apuesta por la cooperación internacional para atender la pobreza, la violencia y la corrupción, asumidas como las causas principales de la migración y debilidad institucional en la región.
En el marco de las nuevas negociaciones, López Obrador propuso un esquema de visas de trabajo para centroamericanos que participen en su programa de reforestación. La oferta fue rechazada y como réplica, Washington pasó a la acción abriendo la chequera por su cuenta. La vicepresidente Kamala Harris prometió a finales de abril una ayuda de 310 millones de dólares a Alejandro Giammattei, el presidente de Guatemala.
Harris ha dejado claro durante las sucesivas reuniones diplomáticas la voluntad de Estados Unidos de trabajar de forma “bilateral” con México y “multilateral” junto al resto de países afectados para tratar de solucionar los motivos de la migración procedente de Centroamérica. Pero aún no está clara su participación en el proyecto conjunto presentado este viernes en Ciudad de México. En marzo, Washington decidió impulsar un plan propio para invertir hasta 4.000 millones en cuatro años en la región. Una iniciativa supeditada, en todo caso, a la lucha contra la corrupción de los Gobiernos beneficiarios y que prevé asignaciones directas a las ONG con el objetivo de evitar que se desvíen recursos.
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