Según el ministro de Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, todo el proceso se llevó a cabo en el ámbito judicial sin la intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.
El Gobierno de República Dominicana ha negado cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos.
Según el ministro de Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, todo el proceso se llevó a cabo en el ámbito judicial sin la intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.
El Departamento de Justicia estadounidense alega que el avión, un Dassault Falcon 900EX, fue adquirido a través de una empresa fantasma en Estados Unidos y posteriormente sacado de contrabando, violando así las sanciones impuestas sobre el control de exportaciones contra el Gobierno de Maduro. El avión fue trasladado a Florida el lunes.
Caracas ha condenado la acción, calificándola de “piratería” y denunciando lo que considera presiones de Washington sobre otros países para actuar como "cómplices" en sus operaciones.
Sin embargo, Álvarez ha salido al paso de estas acusaciones, aclarando que, en mayo, el Ministerio Público de República Dominicana recibió una solicitud de cooperación jurídica respecto a la aeronave, con el fin de investigar posibles casos de fraude o contrabando, en el marco de una investigación criminal del Departamento de Justicia de EE.UU.
El avión estaba en República Dominicana para mantenimiento, algo que Álvarez consideró “bastante normal” debido a la alta calidad de los servicios que se ofrecen en el país. Además, el Gobierno dominicano subrayó que la aeronave no estaba registrada a nombre del Gobierno venezolano, sino de un particular.
Finalmente, un tribunal dominicano ordenó la inmovilización de la nave, y el lunes se emitió una orden judicial que autorizaba su entrega a Estados Unidos.
“El Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales”, concluyó Álvarez.
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