Adriana Smith, con muerte cerebral y embarazada, es mantenida con soporte vital en Georgia por ley antiaborto.
Georgia, EE.UU.- Adriana Smith, enfermera de 30 años y madre de un niño de siete años, fue declarada con muerte cerebral en febrero de 2025, sin embargo, su caso ha generado un profundo debate legal, ético y médico en Estados Unidos.
Smith fue declarada muerta cuando tenía aproximadamente nueve semanas de embarazo, tras sufrir coágulos sanguíneos en el cerebro, presuntamente por un error médico.
Desde entonces, permanece conectada a soporte vital en el Emory University Hospital en Atlanta, Georgia, con el único propósito de permitir que el feto alcance un nivel de desarrollo que le permita sobrevivir fuera del útero. Esta decisión, según su familia, fue tomada sin que ellos pudieran participar.
“Esta decisión debería haber sido nuestra”, declaró su madre, April Newkirk, quien ha expresado públicamente su angustia por no poder intervenir en decisiones críticas sobre el cuerpo de su hija. Newkirk afirma que su familia se siente atrapada en una situación sin alternativas, calificando la experiencia como “una forma de tortura”.
La controversia está directamente ligada a la Ley del Latido del Corazón de Georgia, una de las legislaciones antiaborto más restrictivas del país, que prohíbe la interrupción del embarazo una vez detectada actividad cardíaca fetal, lo que suele ocurrir alrededor de la sexta semana de gestación. Según la madre, el hospital mantiene a Smith con soporte vital para cumplir con esta ley, pese a que ella ha sido declarada legalmente muerta.
Expertos como Katie Watson, profesora de ética médica en la Universidad Northwestern, argumentan que esta ley ha sido mal interpretada en el caso de Smith. “La legislación se refiere a actos con la intención de interrumpir un embarazo, lo cual no aplica en esta situación”, afirmó Watson.
Desde que la Corte Suprema de EE. UU. anuló el derecho federal al aborto en 2022, cada estado ha adquirido plena autonomía para legislar en la materia, lo que ha derivado en lagunas legales para casos extremos como este.
En paralelo, la familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los altos costos del tratamiento y la eventual atención del bebé, cuya salud y viabilidad aún son inciertas, según los médicos tratantes.
El caso evidencia los límites y consecuencias no previstas de las legislaciones antiaborto rígidas, especialmente en contextos donde el paciente ya ha sido legalmente declarado muerto. También plantea cuestionamientos sobre quién debe tener la última palabra en decisiones médicas complejas: la familia, el sistema legal o las instituciones de salud.
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