El caso contra el expresidente Yoon Suk Yeol dio un giro histórico luego de que el fiscal especial de Corea del Sur solicitara formalmente la pena de muerte en su contra.
La acusación principal es haber planeado una insurrección tras la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, un episodio que sacudió por completo a la política surcoreana.
Durante los alegatos finales en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, los fiscales aseguraron que las investigaciones detectaron un plan que se remonta a octubre de 2023, supuestamente diseñado para mantener a Yoon en el poder. Dicho plan habría sido coordinado junto con su entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, lo que refuerza la gravedad de los cargos.
Para la fiscalía, la ley marcial no fue una medida de emergencia legítima, sino una acción calculada que atentó directamente contra el orden constitucional y el funcionamiento democrático del país.
Ley marcial, acusaciones graves y falta de arrepentimiento
En su exposición ante el tribunal, el fiscal fue contundente al señalar que la ley marcial decretada por Yoon fue inconstitucional e ilegal, ya que afectó el trabajo de la Asamblea Nacional y de la Comisión Electoral. Según el Ministerio Público, lejos de proteger la democracia, la debilitó desde dentro.
Otro punto clave es que, de acuerdo con los fiscales, Yoon no ha mostrado arrepentimiento ni ha ofrecido una disculpa clara a la ciudadanía. Esta postura ha pesado en la solicitud de una condena tan severa como la pena capital, una sanción que, aunque existe en la ley surcoreana, no se aplica desde hace décadas.
Por su parte, Yoon Suk Yeol, de 65 años, ha negado todas las acusaciones, argumentando que declarar la ley marcial estaba dentro de sus atribuciones presidenciales y que su intención era advertir sobre el bloqueo político de la oposición.
Antecedentes históricos y qué puede pasar ahora
La petición de pena de muerte no garantiza que el tribunal la conceda. En Corea del Sur existen antecedentes similares, como el caso de los expresidentes Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo, acusados de insurrección en los años noventa. Aunque inicialmente recibieron condenas severas, las sentencias fueron reducidas y ambos terminaron indultados.
Cabe recordar que Corea del Sur no ejecuta a nadie desde 1997, y la última sentencia de muerte fue dictada en 2016. Esto abre el debate sobre si el castigo solicitado contra Yoon será simbólico o si derivará en una larga condena de prisión.
El tribunal tiene previsto emitir su fallo en febrero, mientras que la oficina del actual presidente Lee Jae Myung aseguró que confía en que el Poder Judicial actuará conforme a la ley y al interés público.
El caso Yoon ya es uno de los más polémicos en la historia reciente de Corea del Sur, y su desenlace podría marcar un antes y un después en la política del país.
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