La captura de un exintegrante de la entonces Policía Judicial por un caso ocurrido hace más de dos décadas volvió a colocar en la conversación pública la búsqueda de justicia en delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.
La orden de aprehensión por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura fue cumplimentada por la Fiscalía General del Estado de Puebla luego de una investigación que permitió localizar al presunto responsable en Estados Unidos y concretar su retorno a México.
Exagente es detenido por presuntos delitos cometidos en Tehuacán
La Fiscalía General del Estado informó que fue detenido Rafael N., de 54 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos se remontan a 1999, cuando el ahora imputado se desempeñaba como elemento activo de la entonces Policía Judicial.
Las indagatorias señalan que presuntamente participó junto con otro agente en la detención de dos personas que posteriormente habrían sido trasladadas al relleno sanitario de Tehuacán.
Un caso que permaneció abierto durante más de dos décadas
Según la información oficial, las víctimas presuntamente fueron sometidas a actos de tortura y posteriormente privadas de la vida.
Las investigaciones establecen que, tras los hechos, los probables responsables abandonaron un vehículo oficial con los cuerpos en su interior y huyeron del lugar.
El caso continuó bajo investigación y fue retomado por la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, instancia que desarrolló diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido.
La búsqueda llevó a autoridades hasta Estados Unidos
Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue la localización del imputado fuera del país.
Las autoridades poblanas informaron que lograron ubicar a Rafael N. en Estados Unidos, por lo que se activaron mecanismos de cooperación internacional para concretar su deportación.
La coordinación se realizó con el Departamento SAFE/ERO de Estados Unidos, además de autoridades federales mexicanas y elementos de la Policía Federal Ministerial.
La detención se concretó en Baja California
Tras su deportación a territorio nacional, agentes investigadores dieron cumplimiento al mandamiento judicial en instalaciones de la Policía Federal Ministerial ubicadas en la ciudad de Tijuana, Baja California.
A partir de este momento, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal derivado de las acusaciones que enfrenta.
La Fiscalía General del Estado reiteró que mantiene investigaciones permanentes relacionadas con presuntas violaciones graves a los derechos humanos y sostuvo que continuará impulsando acciones para que los responsables enfrenten la justicia, independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos.
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