La Fiscalía General del Estado de Puebla informó una sentencia de más de 17 años de prisión contra un hombre de 71 años por un caso ocurrido en el municipio de Tehuacán. La resolución también incluye sanciones económicas y medidas legales adicionales, marcando un avance importante en la protección de víctimas y el acceso a la justicia.
El fallo judicial ha llamado la atención por la severidad de la pena y por el mensaje institucional de que este tipo de conductas tendrán consecuencias legales. Autoridades estatales señalaron que continuarán impulsando investigaciones sólidas para sancionar hechos que vulneren la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Qué ocurrió según la investigación
De acuerdo con la información oficial, el sentenciado fue identificado como Federico Juan N. y fue declarado responsable del delito de violación equiparada en agravio de una menor de 12 años de edad.
Los hechos ocurrieron el 2 de enero de 2023, cuando, según quedó acreditado en juicio, la víctima se encontraba en el domicilio del ahora sentenciado. Ahí la hizo pasar a una habitación, donde ejerció actos de violencia sexual en su contra.
Durante el desarrollo del juicio oral, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que fueron valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Tras revisar los elementos expuestos, la autoridad judicial concluyó que existían bases suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado.
Este tipo de procesos suelen incluir:
- Testimonios
- Dictámenes periciales
- Evidencia documental
- Valoración integral del contexto de los hechos
La condena y lo que sigue legalmente
El 13 de abril de 2026, la autoridad judicial impuso una pena de 17 años y 6 meses de prisión. Además, se determinó una multa superior a 40 mil pesos y el pago por reparación del daño moral por más de 82 mil pesos.
También se estableció:
- Suspensión de derechos civiles y políticos
- Amonestación legal
- Reserva del derecho de la víctima para reclamar daño material en etapa de ejecución de sentencia
La Fiscalía reiteró que mantiene acciones firmes para investigar y sancionar delitos que atentan contra la integridad de las personas. Más allá de la condena, el caso refleja la importancia de denunciar, acompañar a las víctimas y fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia.
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