La Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Jesús “N.”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en el municipio de Izúcar de Matamoros.
La detención se realizó con apoyo de la Policía Municipal, luego de que un juez liberara el mandamiento judicial tras analizar los datos de prueba recabados durante la investigación.
El caso ha generado preocupación en la región, ya que los hechos ocurrieron dentro del domicilio de la víctima, en un contexto que, según la indagatoria, implicó violencia directa y agresión con arma blanca.
Así habrían ocurrido los hechos
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 19 de febrero de 2026. La víctima se encontraba en su casa cuando su vecino presuntamente ingresó al inmueble.
Según las autoridades, el imputado habría estado bajo el influjo de sustancias y presuntamente amenazó a la mujer con un machete para exigirle dinero. Ante la negativa, la habría atacado en distintas partes del cuerpo.
Las lesiones reportadas incluyen afectaciones en:
- Cabeza
- Rostro
- Nuca
- Extremidades
La gravedad de las heridas derivó en que el caso fuera investigado bajo la figura de feminicidio en grado de tentativa, dada la naturaleza de la agresión y el riesgo en que se puso la vida de la víctima.
Tras integrar los elementos necesarios, la autoridad judicial libró la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue ejecutada el 26 de febrero de 2026.
Situación jurídica y postura de la Fiscalía
El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso penal.
La Fiscalía reiteró que mantiene firme su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atenten contra la vida e integridad de las mujeres en Puebla.
En su posicionamiento, la institución subrayó que continuará fortaleciendo las acciones para combatir la violencia de género y dar seguimiento puntual a cada denuncia.
Este caso vuelve a colocar sobre la mesa la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo y reforzar la prevención de la violencia en entornos vecinales y familiares.
Mientras el proceso legal sigue su curso, serán las autoridades judiciales quienes determinen la responsabilidad penal del imputado con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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