La FGE de Puebla informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra un adolescente de 14 años, señalado por su probable participación en el delito de violación ocurrido en el municipio de Chignahuapan.
De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se originó tras una denuncia presentada por hechos presuntamente registrados en abril de 2026. La investigación permitió reunir los elementos necesarios para solicitar el mandamiento judicial correspondiente.
Orden de aprehensión por presunta violación en Chignahuapan
La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que la orden de aprehensión fue ejecutada el 2 de julio de 2026 en contra de un adolescente de 14 años de edad.
Según la carpeta de investigación, la presunta agresión sexual ocurrió el 28 de abril de 2026 en un inmueble ubicado en la comunidad de Acoculco, perteneciente al municipio de Chignahuapan, en agravio de una víctima menor de edad.
Así avanzó la investigación
Tras la denuncia presentada el 30 de abril, agentes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.
Con los datos de prueba recabados, la autoridad judicial emitió la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por personal de la Fiscalía. Posteriormente, el adolescente quedó a disposición del Juez de Control, autoridad que será la encargada de conducir la audiencia inicial y determinar su situación jurídica conforme a la legislación aplicable para personas adolescentes.
La Fiscalía destaca protección a víctimas menores de edad
En su comunicado, la FGE reiteró que mantiene el compromiso de investigar los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes con perspectiva de protección y privilegiando el interés superior de la niñez.
Asimismo, recordó que durante este tipo de procedimientos se respeta la reserva de identidad de las víctimas y de las personas adolescentes involucradas, conforme a lo establecido por la legislación vigente.
El caso continuará su curso dentro del sistema de justicia para adolescentes, donde será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad legal del imputado con base en las pruebas presentadas durante el proceso.
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