La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) consiguió una sentencia contundente de 28 años y 6 meses de prisión en contra de María de la Luz N. y Alberto N., quienes fueron hallados culpables de homicidio calificado y de delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia, además de otros ramos del poder público.
Este fallo es considerado relevante porque confirma que no habrá impunidad, incluso cuando los responsables forman parte de corporaciones de seguridad. De acuerdo con las autoridades, la resolución se emitió tras una investigación sólida, respaldada por pruebas presentadas por el Ministerio Público, lo que permitió que el juez dictara una pena severa acorde a la gravedad de los hechos.
Los hechos ocurrieron tras una supuesta riña en Tulcingo de Valle
Los acontecimientos se remontan al 13 de noviembre de 2022, cuando los ahora sentenciados, en complicidad con otros integrantes de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, acudieron a un salón ubicado sobre la calle Belisario Domínguez, en el barrio de San José, luego del reporte de una supuesta riña.
En ese lugar, detuvieron a cuatro personas, quienes fueron privadas ilegalmente de la libertad y trasladadas en una unidad oficial hasta un paraje conocido como “Los Cocos”. Según la investigación, las víctimas fueron golpeadas y lesionadas con un arma punzocortante en el cuello, provocándoles la muerte. Estos hechos marcaron un caso grave de abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza, lo que agravó la situación legal de los implicados.
Reparación del daño y mensaje firme contra la impunidad
Tras ser identificados como participantes directos en el crimen, María de la Luz N. y Alberto N. fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial. Con base en los datos de prueba recabados, el juez determinó no solo la pena de prisión, sino también el pago de la reparación del daño moral y material a las víctimas.
Este resultado envía un mensaje claro y directo: en Puebla, la justicia también alcanza a quienes traicionan su deber de proteger a la ciudadanía. La FGE reafirmó su compromiso de investigar y sancionar delitos graves, especialmente aquellos cometidos desde el poder público, fortaleciendo así la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
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