La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que el posible daño patrimonial causado por el caso asciende a 9,500 millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de varios funcionarios públicos, informó esta mañana sobre los avances en la investigación y las acciones tomadas tras el caso de Segalmex, el cual calificó como el único acto de corrupción registrado durante su mandato, iniciado en 2018.
"Queremos informar sobre el proceso de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables", declaró el presidente.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que el posible daño patrimonial causado por el caso asciende a 9,500 millones de pesos. De esa cantidad, aproximadamente la mitad, 4,700 millones de pesos, ya ha sido aclarada y recuperada, mientras que 2,700 millones de pesos aún son objeto de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Hasta la fecha, se han presentado 156 denuncias por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.
Según Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, 47 personas tienen órdenes de aprehensión, de las cuales 26 ya están vinculadas a proceso penal, incluyendo a nueve ex servidores públicos y 17 particulares. Una de las detenciones clave se realizó en Argentina, con fines de extradición.
Entre los principales responsables señalados por el gobierno se encuentran René Gavira, ex titular de administración y finanzas de Segalmex; Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial; y José "N", ex titular de Operaciones de DICONSA. Los tres ya se encuentran en prisión.
La creación y deterioro de Segalmex
Segalmex fue fundado en 2019 con el propósito de apoyar a pequeños productores agrícolas en zonas de alto rezago social. Sin embargo, auditorías revelaron una "crisis administrativa", lo que desencadenó la investigación actual por múltiples delitos. Entre las acusaciones más graves están el uso de recursos públicos para la colocación de bonos bursátiles, donde las pérdidas fueron absorbidas por las empresas paraestatales, mientras las ganancias beneficiaban a ex funcionarios.
El presidente reiteró su compromiso con la transparencia y la justicia: "Dijimos cero corrupciones, cero impunidades, y no queremos dejar ningún pendiente".
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