Ciudad de México.- Presidencia de la República acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de poner “en peligro el equilibrio constitucional entre poderes” y de poner en “riesgo la democracia”.
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo emitió una protesta por la decisión del máximo tribunal de invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, con el argumento de que hubo violaciones al procedimiento legislativo.
Según la visión de Presidencia de la República, el máximo tribunal faltó a su deber de analizar la constitucionalidad de la ley y “declara su invalidez so pretexto de violaciones a formalismos procedimentales de carácter reglamentario”.
Acusó que la Corte se atribuye funciones exclusivas del Poder Legislativo:
La determinación de la SCJN invade las facultades del Congreso de la Unión al prever requisitos adicionales al trabajo legislativo en comisiones, y se separa de su propia jurisprudencia que establece que las irregularidades en el proceso legislativo no invalidan normas cuando son aprobadas por los plenos de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Presidencia afirma que la SCJN debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, “así como éste y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial”.
En la parte final de su comunicado, dice que de continuar con este tipo de fallos “La SCJN pone en riesgo la democracia”.
De continuar con este actuar, la SCJN pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros Poderes de la Unión, en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo Estado democrático constitucional.
El fallo judicial y su argumento
La Suprema Corte invalidó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, publicado el 3 de junio de 2021.
La decisión se tomó por mayoría de 8 votos de sus 11 integrantes; sólo votaron en contra Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.
La Corte determinó que el Congreso violó el principio de deliberación informada y democrática, así como a los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
En particular, la Corte resolvió que se violó el procedimiento legislativo, principalmente, por las siguientes razones:
1. El procedimiento legislativo, no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, ya que no se permitió tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública.
2. El procedimiento deliberativo, no culminó con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; toda vez que la celebración de sesiones simultáneas impactó no solo en la calidad del debate, sino en la privación del derecho de un senador para expresar su voto; además de que las votaciones se dieron sin un conocimiento oportuno e informado de los respectivos dictámenes.
3. No existen o no fueron exhibidas, ni localizadas las actas que respaldan la certeza y transparencia de las sesiones de las Comisiones Unidas que dictaminaron la iniciativa del proyecto de decreto en la Cámara de Senadores, lo que afecta la condición de publicidad del proceso legislativo.
El Pleno determinó que el procedimiento legislativo es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, por lo que el órgano legislativo está obligado a observar y proteger los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa.
La Corte, como Tribunal Constitucional de México, está facultada para conocer de este tipo de impugnaciones, así como para determinar las invalidaciones que resulten procedentes.
