Ciudad de México.- Cinco horas después de que la Corte invalidó el acuerdo por el que clasificó como de seguridad nacional las obras de infraestructura prioritarias de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue más allá y emitió esta vez un decreto para considerar igualmente de seguridad nacional e interés público no solo las obras, sino el funcionamiento, operación y mantenimiento del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
El 23 de noviembre de 2021, el propio presidente López Obrador explicaba el documento invalidado ayer por la Corte y señalaba que “ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras”. Ahora emitió un decreto que también considera como de seguridad nacional al funcionamiento de dichas obras de infraestructura.
Además, el INAI, que no puede sesionar con cuatro integrantes, ya no podrá impugnar dicho decreto —que ya tiene un nivel superior jurídico al de un acuerdo administrativo entre dependencias—, aunque desde ayer anunció que buscaría opciones legales.
Josefina Román, comisionada del INAI, reconoció que, ante la inoperabilidad en la que se encuentra el organismo por la falta de tres comisionados, en estos momentos no podrían promover una nueva controversia constitucional, a diferencia de diciembre del 2021 cuando interpuso el recurso contra el acuerdo del 22 de noviembre de ese año.
Con la resolución en la Corte, el Ejecutivo contaba con un año de vigencia a las autorizaciones provisionales de las obras de infraestructura consideradas prioritarias por el gobierno, aunque el nuevo decreto cambia el panorama.
El ministro González Alcántara Carrancá explicó que “las autorizaciones provisionales otorgadas con fundamento en el acuerdo tendrán la vigencia dispuesta de 12 meses contados a partir del momento de su emisión” y la autorización definitiva “deberá de obtenerse de conformidad con las disposiciones aplicables”, pues la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos al Poder Ejecutivo, así como a las secretarías denunciadas y que, por tratarse de una materia distinta a la penal, no son retroactivos.
Así lo explicó el Presidente en 2021:
“Sí, es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación, en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal, pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener confianza a las dependencias.
“Entonces, eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras”.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como de aeropuertos, son de seguridad nacional y de interés público.
En el decreto se menciona que el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio, que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su plataforma logística y demás infraestructura, por su ubicación geográfica entre Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, son estratégicas debido a su localización, que permite comunicar el Océano Pacífico con el Golfo de México y el Océano Atlántico, ya que la mercancía que ingresa por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, puede ser transportada directamente hasta Puerto Chiapas y a Ciudad Hidalgo, Chiapas, incluso a Ciudad de Tecún Umán, Guatemala, y viceversa, que impulsa el flujo de mercancías, no solo en la región istmeña, sino además hacia América Central, a través de las líneas "K" y "KA"; además de que se requiere extremo cuidado y vigilancia en el transporte de sustancias peligrosas que se lleva a cabo en dicho corredor.
Mientras que los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, por su ubicación geográfica, resultan estratégicos para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur, lo cual permite la detección e intercepción oportunas de aeronaves no identificadas que pudieran realizar actos ilícitos en contra de la seguridad nacional y la integridad territorial del país; además, territorial y operativamente son complementarios del funcionamiento y operación del Tren Maya.
Fallo de la Corte daba un año a autorizaciones
Salvo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como el ministro Arturo Zaldívar, el resto de los ocho integrantes del Pleno de la Corte se pronunció por invalidar este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021.
Al final de la votación, la ministra Yasmín Esquivel propuso que los efectos de la resolución solo tuvieran aplicación entre el Ejecutivo y el INAI, pero los ministros Javier Laynez, Norma Piña y Luis María Aguilar dejaron claro que el único efecto de sentencia es anular el acuerdo impugnado.
Sin embargo, a pesar de haber obtenido la mayoría calificada de ocho ministros en la votación parcial y no la mayoría simple con seis votos, se acordó que en sesión del próximo lunes abordarán qué alcances tiene la resolución, si efectos específicos solo para el ente que impugnó o efectos generales, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución.
En su proyecto de sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá argumentó que este acuerdo es inconstitucional porque, "debido a su amplitud y ambigüedad, obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del gobierno de México".
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek calificó de "ingenuo" que la defensa de sus compañeros a este acuerdo fuera que no dijera de manera textual que al tratarse de seguridad nacional implicara la reserva de información.
En una segunda intervención, la ministra Loretta Ortiz expresó: “con todo respeto, no somos ingenuos, no somos ingenuos”.
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