La madrugada del 20 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma a la Guardia Nacional (GN), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero. Esta reforma busca transferir administrativa y operativamente la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ha generado preocupación entre expertos en seguridad y defensores de derechos humanos.
Intentos previos y antecedentes
Esta es la segunda vez que el presidente López Obrador intenta integrar la GN a las Fuerzas Armadas. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional un intento previo, devolviendo la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). No obstante, la nueva propuesta de 2024 plantea que la GN sea formalmente parte de las Fuerzas Armadas, junto al Ejército y la Marina.
Modificaciones constitucionales y controversia
La reforma incluye cambios al Artículo 21 de la Constitución, eliminando la garantía que obliga a las instituciones de seguridad pública a tener mandos civiles. Aunque se especifica que la GN seguirá enfocada en la Estrategia Nacional de Seguridad, expertos como Rodolfo Gamiño Muñoz han advertido que esto podría conducir a una mayor militarización del país. Además, preocupa que las atribuciones y presupuesto de la Sedena aumenten de manera desproporcionada.
Riesgos de militarización y fuero militar
Una de las preocupaciones centrales es que la reforma también otorga a la Guardia Nacional y a sus efectivos fuero militar, lo que podría protegerlos de eventuales denuncias por violaciones a los derechos humanos. Según Gamiño Muñoz, esto podría derivar en una impunidad en casos de acciones extrajudiciales como detenciones arbitrarias o ejecuciones.
Además, la propuesta incluye modificaciones al Artículo 129 constitucional, ampliando las funciones militares incluso en tiempos de paz, lo que va en contra de las restricciones establecidas en la Carta Magna.
Futuro de la reforma
Dado que Morena y sus aliados cuentan con mayoría en el Congreso de la Unión, es probable que la reforma siga su curso y sea aprobada por el Senado. De ser así, la Guardia Nacional pasará oficialmente a ser parte de las Fuerzas Armadas, bajo el control de la Sedena, y su presupuesto será administrado por esta dependencia.
Esta medida también establece que, en caso de que miembros de la GN sean acusados de violaciones a los derechos humanos, los tribunales militares serán los encargados de investigarlos, limitando la intervención de autoridades civiles.
Conclusión
La Reforma a la Guardia Nacional tiene implicaciones profundas para el futuro de la seguridad en México. Si bien busca fortalecer el combate a la delincuencia, su aprobación genera dudas sobre los riesgos de militarización y el impacto en los derechos humanos.
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