Ciudad de México.– A partir de este mes inició la implementación de un registro obligatorio de líneas de telefonía celular en México, una medida impulsada por el Gobierno federal con el objetivo de combatir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro, al vincular cada número telefónico con la identidad legal de su titular.
La iniciativa establece que todas las líneas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral, lo que implica que los usuarios deberán proporcionar datos oficiales para mantener activo su servicio. Aunque la estrategia es presentada como una herramienta de seguridad pública, especialistas en derechos digitales y protección de datos han advertido posibles riesgos en materia de privacidad.
Cómo funcionará el registro de líneas móviles
El nuevo esquema obliga a los usuarios a registrar su número telefónico mediante documentación oficial, como identificación vigente y datos personales básicos. En el caso de personas morales, el registro deberá realizarse con información fiscal correspondiente.
Las autoridades han señalado que este proceso será gestionado a través de las empresas de telecomunicaciones y que el plazo para completar el registro se extenderá hasta mediados de 2026. En caso de no cumplir con este requisito, las líneas podrían ser suspendidas de manera temporal o definitiva.
De acuerdo con lo informado, la información recabada deberá ser resguardada conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, bajo la responsabilidad de las compañías telefónicas.
Preocupación por la protección de datos personales
A pesar de los argumentos oficiales, diversos especialistas han expresado inquietudes sobre el manejo, resguardo y posible uso indebido de la información personal que se concentrará en este registro. Señalan que la recopilación masiva de datos podría derivar en vulneraciones a la privacidad, filtraciones o accesos no autorizados.
También se advierte que este tipo de medidas puede afectar de manera particular a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y otros grupos vulnerables, quienes dependen de la confidencialidad de sus comunicaciones para ejercer su labor.
Seguridad pública frente a derechos digitales
El arranque del registro ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos digitales. Mientras las autoridades sostienen que identificar a los usuarios puede dificultar el uso de líneas anónimas para actividades delictivas, expertos cuestionan si la medida será realmente efectiva para reducir el crimen o si, por el contrario, abre la puerta a riesgos innecesarios para millones de usuarios.
El tema continuará generando discusión en los próximos meses, en un contexto donde la protección de datos personales y la transparencia en el uso de la información se han convertido en elementos clave para la confianza ciudadana.
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