El empresario Gabriel Hernández, integrante del Colectivo 10 de marzo, fue asesinado el 16 de julio en Tamaulipas, presuntamente por miembros del crimen organizado. Su muerte ocurrió apenas seis días después de que le fuera retirada la custodia federal, lo que lo dejó completamente expuesto.
Denuncias contra ‘La Chispa’ y amenazas del Cártel del Golfo
Hernández había denunciado el 20 de junio de 2024 haber recibido amenazas del Cártel del Golfo, tras señalar a Mario Guitian Rosas, alias ‘La Chispa’, como presunto planificador de secuestros en Reynosa. Estas acusaciones lo colocaron en una situación de alto riesgo.
A pesar del peligro evidente, el 10 de julio las autoridades estatales le retiraron la protección sin previo aviso. Seis días después, fue asesinado.
Acusan omisión e incomodidad de autoridades
La activista Delia Quiroa, quien ha colaborado con Gabriel en temas de desapariciones y violencia, declaró que el asesinato refleja incomodidad institucional ante su insistencia por obtener justicia:
“La obligación de la autoridad es investigar y dar con los verdaderos responsables. No lo hicieron. La insistencia del señor incomodaba, y ahora tenemos su lamentable fallecimiento”, expresó en entrevista con Azucena Uresti.
Colectivo exige acción a Claudia Sheinbaum
El Colectivo 10 de marzo hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y reforme los mecanismos de protección a víctimas, los cuales, aseguran, "no están funcionando".
Gabriel fue secuestrado cuatro veces
A lo largo de su vida, Gabriel Hernández fue secuestrado en cuatro ocasiones. En tres de ellas se pagó rescate. Su último secuestro ocurrió el 28 de mayo de 2021, cuando logró escapar tras presenciar actividades de ‘Los Metros’, una célula delictiva.
Amenazas directas en 2024
En una entrevista en 2024, Hernández relató haber sido intimidado por un trabajador de ‘La Chispa’ dentro de uno de sus locales:
“Se sacó una pistola y me la puso en el estómago. Me dijo que ‘La Chispa’ quería que dejara las cosas como estaban o se metería la gente de ‘Miguelito’ a rafaguearnos”, declaró.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes denuncian delitos en México y la falta de garantías estatales para su protección, aun cuando existen antecedentes claros de amenazas y violencia.
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