La Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), que desde hace un año enfrentaba problemas serios de operación, organización y falta de presupuesto, ha llegado a un punto crítico: su labor fundamental, los pagos por reparación del daño e indemnizaciones a las víctimas, se desplomaron más de 80 por ciento en 2020.
Datos oficiales obtenidos por vía transparencia revelan que mientras en 2019 se entregaron más de 440 millones de pesos a 715 víctimas por conceptos de reparación y compensación, para 2020 dicha cifra se desplomó a menos de 75 millones de pesos para 213 victimas.
Los recursos para dichos pagos provenían del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que el año pasado fue eliminado por decreto presidencial y que, hasta ahora, no está claro cómo será sustituido. La Comisión, con el presupuesto de su propia operación, ha tenido que asumir el pago de algunos apoyos emergentes como viáticos.
La situación afecta a los propios funcionarios de la CEAV. Trabajadores contratados vía outsourcing en la institución laboran sin que sus contratos que terminaron el 31 de diciembre hayan sido renovados. Aunque no se le ha dejado de pagar señalan que viven en la incertidumbre de perder su trabajo en cualquier momento.
Y no hay quien responda en el puesto más alto de la institución. Desde mediados de 2020 la comisionada titular de la CEAV, Mara Gómez, renunció al cargo tras haber denunciado falta de apoyos a la comisión, y a más de seis meses de distancia no se ha nombrado una nueva comisionada. El funcionario que fue designado como encargado, también renunció a principios de año.
“No sabemos qué ocurre, no nos dicen casi nada. Ni siquiera está claro quien dirige la institución porque nuestras jefas directas tampoco saben. Seguimos laborando, pero hay mucha incertidumbre, hace mucho que tampoco se dan capacitaciones. Y eso está ocurriendo en todas las áreas”, dijo una psicóloga que colabora en la comisión, y cuya identidad no se revela por temor a alguna represalia.
La falta de una comisionada ha dejado aún más en la indefensión a las víctimas que desde hace meses – y en algunos casos años – han esperado sus compensaciones de reparación integral del daño. Algunas recurrieron y ganaron amparos promovidos en contra de la excomisionada Gómez para que ya se liberaran los pagos, pero con su salida de la institución el proceso no se ha consumado.
“Aquí no solo es un tema de recursos sino de falta de voluntad. Porque el FAARI aun existió durante buena parte del año pasado y sí había recursos, que si bien no eran los suficientes por lo menos había y aún con ello los pagos tampoco fluían. No emiten las resoluciones y no hay reparaciones” dijo Reyna Velasco, asesora legal de varios casos de víctimas ante CEAV.
El pasado viernes por la mañana, Animal Político solicitó a la CEAV un posicionamiento en torno al descenso en el pago de las indemnizaciones y el hecho de que haya colaboradores suyos sin contrato, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
El desfonde en apoyos
Para apoyar a las personas que padecieron una violación grave a sus derechos humanos o que fueron victimas de un delito, la CEAV entrega una compensación económica como parte del proceso integral de reparación del daño. Se trata de un pago definitivo que se concede a las víctimas previa resolución de un comité que analiza y pondera las circunstancias de cada hecho.
En el caso específico de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, los datos oficiales obtenidos en respuesta a la solicitud de transparencia folio 0063300035020 arrojan que, en 2020, la CEAV entregó apoyos por 48.6 millones de pesos a 156 victimas directas e indirectas. Esto representa una caída de más del 81 por ciento respecto a 2019, donde las indemnizaciones de este tipo alcanzaron los 259 millones de pesos para 427 víctimas.
Lo mismo ocurre en los subsidios a víctimas de un delito. La comisión reportó la entrega de solo 26.3 millones de pesos a 57 víctimas, muy por debajo de los 181.5 millones de pesos que se pagaron en 2019 a 288 víctimas. Equivale a una caída del 85 por ciento.
Dicho de otra forma: de cada 10 pesos que en 2019 autorizó la CEAV como reparaciones del daño, en 2020 ya solo se entregaron 2 pesos.
En el caso de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, el desplome es aún más significativo si se toma en cuenta que desde el arranque del actual sexenio comenzaron a descender. En comparación con 2018, en 2019 se entregaron casi 92 millones de pesos menos.
Lo anterior significa que entre 2018 y 2020, los pagos por compensaciones por violaciones a derechos humanos han descendido casi 88 por ciento.
El único rubro que no ha registrado descensos es el de los pagos de ayuda inmediata, que son apoyos mensuales para cubrir gastos de traslados, servicios médicos, tratamientos psicológicos, cambios de domicilio, etc., y otras necesidades urgentes de las víctimas. Se trata de un recurso provisional que se entrega a las personas mientras se define y se les paga la compensación final por reparación del daño.
Los datos proporcionados por CEAV muestran que en 2020 se entregaron 522.2 millones de pesos a 6 mil 38 victimas, cifra ligeramente superior a los 521.6 millones de pesos repartidos a 5 mil 426 victimas en 2019. Aunque ya repartido, el promedio de apoyo por victima bajó de los 96 a los 86 mil pesos.
El dinero para todos estos apoyos provenía por ley del FAARI, un fondo de apoyo a victimas que la ley contemplaba para los subsidios, el cual era independiente del presupuesto corriente de CEAV. Sin embargo, en octubre de 2020 el Congreso aprobó la propuesta presidencial de desaparecer este y otros fideicomisos. Eso significó, en consecuencia, la desaparición del propio fondo.
El pasado 15 de enero la CEAV emitió un comunicado en el que aseguró que los pagos de ayuda inmediata como viáticos y traslados no se suspenderían pese a la desaparición del FAAARI, ya que los mismos serían cubiertos con el presupuesto asignado a la institución. No obstante, reconoció que aún no estaban listas las reglas de operación para el resto de los apoyos.
“Ante las dudas sobre la operación de la CEAV, informamos que actualmente la Comisión Ejecutiva y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboran en conjunto las nuevas reglas de operación para el uso y dispersión de esos recursos. Una vez que se cuente con los nuevos lineamientos, se harán de conocimiento”, indicó la comisión.
¿Por qué han caído los apoyos?
Yuriria Rodríguez Estrada, una de las integrantes de la terna final propuesta por el gobierno para ser la nueva titular de la CEAV, advirtió que detrás de la drástica reducción de las indemnizaciones podría haber varias explicaciones. Por un lado, menciona que los apoyos trabajan en función de las solicitudes que presentan las víctimas, por lo que un descenso de estas podría justificar en algún grado la caída.
Sin embargo, Rodríguez subrayó que desde la puesta en marcha de la CEAV las víctimas han enfrentado múltiples dificultades burocráticas para acceder de forma ágil y rápida a los recursos del ya desaparecido FAARI. Estas dificultades se han ido agravando conforme las demandas de las víctimas han crecido y el sistema no es capaz de solventarlas.
“Una de las fallas del FAARI era el entramado administrativo que tenía y donde las víctimas llegaban a tardar meses e incluso años para acceder a los recursos. Hay que garantizar que los lineamientos que se dice ahora que se están preparando sean expeditos y pro-persona para que los recursos fluyan y sean acordes” dijo en entrevista con este medio.
Hay casos que prueban que este problema ocurre y con frecuencia. Por ejemplo, en octubre de 2019 una jueza federal decidió amparar a los padres de una menor fallecida en el incendio de la Guardería ABC, que reclamaban a la CEAV una indemnización acorde al daño que padecieron. La jueza le ordenó a la comisión establecer una reparación justa y proceder con el pago.
Pero a más de dos años de distancia dicha reparación no ha llegado. En febrero de 2020 el juzgado multó a la comisionada por no agilizar el trámite y en marzo se inició un procedimiento por la inejecución del amparo. Pero ni con eso ha llegado el apoyo. La renuncia de Gómez y la falta de un nuevo titular dejó el caso en el limbo.
La abogada Reyna Velasco, experta en la representación legal de víctimas, advirtió que el caso de la familia de la Guardería ABC es uno de varios donde las personas son revictimizadas por la propia CEAV debido a la lentitud y a la burocracia que impera en la entra de los apoyos. Incluso, la comisión ha llegado a litigar en contra de las propias víctimas.
“La reparación del daño de una víctima es una de las labores fundamentales de la CEAV. Para eso se creó esta comisión y es algo que desde hace tiempo no hace. Lo que ha habido es un empeoramiento progresivo de esta comisión y si bien es cierto que ahora falta dinero, ha faltado mucha más voluntad”, dijo la experta.
Un reflejo del nivel al que ha llegado la crisis, señala la abogada, es el plantón que desde hace varios días instalaron decenas de víctimas afuera de la Secretaría de Gobernación, reclamando que la falta en entrega de apoyos por parte de la CEAV. “Simplemente las víctimas ya no tienen a quien acudir, la Comisión no opera”, dijo la experta.
Sobre dicho plantón, la Comisión emitió un segundo comunicado el pasado viernes en el que reiteró que ha escuchado a los manifestantes y se han atendido en lo posible sus peticiones, e insistió que los apoyos inmediatos serán cubiertos con su presupuesto operativo luego de la desaparición del FAARI. Esto mientras se definen nuevos lineamientos.
Renuncias e incertidumbre
El año pasado la CEAV emitió un informe en el que reconoció que, debido a un mal diseño institucional de origen, más del 60 por ciento de sus especialistas y colaboradores son trabajadores eventuales o contratados vía outsourcing. Para corregir ello y crear las plazas que se requieren se necesita un incremento presupuestal que no ha llegado.
Al concluir 2020 el convenio laboral de los empleados subcontratados en CEAV terminó y, según lo revelado por varios de ellos bajo condición de anonimato, hasta ahora han continuado trabajando sin que se les haya renovado.
“Parece que no saben muy bien que hacer con nosotros. En algún momento nos dijeron que podrían darnos plazas por la política del presidente de que no haya outsourcing pero no pasó nada. Luego nos iban a pedir papeles, pero tampoco pasó nada. No hemos firmado ningún contrato y desde diciembre se acabó” dijo una de las funcionarias.
De acuerdo con estimaciones dadas a conocer por la propia CEAV el año pasado, aproximadamente 230 de sus trabajadores y colaboradores de sus áreas centrales no tienen plaza de estructura y están subcontratados.
La necesidad de hacer una reestructuración a fondo en la comisión y dotarlas de mayores recursos fue expuesta en mayo del año pasado por la entonces titular de la CEAV Mara Gómez Pérez, en respuesta a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno que, según la funcionaria, ponían en peligro la operación de dicha institución.
Unas semanas después de esos señalamientos, la titular de la CEAV presentó su renuncia en una carta en la que acusó que “no se puede transformar una institución sin apoyo”. Desde esa fecha la titularidad de la comisión ha permanecido acéfala, debido a que el Congreso no ha logrado finiquitar el proceso para designar a una nueva titular.
Tras la salida de Mara Gómez fue designado como encargado del despacho de la Comisión Andrés Vázquez, quien originalmente ocupaba la Dirección General de Asesoría y Asuntos Jurídicos. Sin embargo, dicho funcionario también renunció al cargo en la primera semana del año.
Desde su creación la CEAV ha sufrido de múltiples movimientos en su dirección. Originalmente contaba con un pleno de siete comisionados, sin embargo, debido a distintas diferencias e incluso señalamientos de posible corrupción varios de ellos fueron renunciando. Finalmente, dicho pleno fue eliminado.
Animal Político publicó en enero del año pasado que la comisión ya operaba al borde del colapso, debido a la carga de trabajo y personal insuficiente, a lo que se sumaban denuncias negligencias, maltratos y hasta posibles abusos.
“Deberían existir condiciones laborales muy claras, pero esta práctica de la subcontraración vía outsourcing se volvió un patrón común en muchas dependencias y la CEAV no fue la excepción. No se respetan los derechos laborales de las personas. Y cada año es lo mismo, no se puede recontratar y tiene que haber ampliaciones. El problema es que, si se decide no recontratar en la CEAV al personal de outsourcing, es muy complicado e irreal que siga operando”, dijo Rodríguez Estrada.
Renovación o extinción
La abogada Reyna Velasco consideró que, actualmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en una condición de “abandono institucional” que pone en serio riesgo su existencia. Sus fallas y mal diseño de origen (poniéndola como órgano único de atender a las víctimas de muchos otros) sumado a su presupuesto cada vez más reducido y la eliminación del FAARI, han complicado aún más el panorama.
“Y parece que ni urge o si no cómo se explica que pasan los meses y ni siquiera el nombramiento de una nueva o nuevo titular parece ser una prioridad”, dijo la abogada.
Para Rodríguez Estrada, quien tuvo los mejores puntajes de la terna final para elegir a una nueva comisionada, lo que la Comisión requiere no son promesas de cambio de la noche a la mañana, sino una reestructuración de fondo que de la vuelta a una forma de operar que, en los hechos, no ha cumplido con las expectativas de procurar a las víctimas y reparar el daño que sufrieron.
“Yo creo que más allá de fortalecer a la comisión tenemos que hablar de un proceso que nos ayude a reestructurar una comisión que no se ha podido consolidar desde el inicio. Muchas veces ha atendido más a intereses políticos que a una operación y acompañamiento real de las víctimas que es lo que se requiere. Requerimos una institución humanista que acompañe a las víctimas desde una visión integral y social, y que sea humana y cálida” concluyó Rodríguez.
La elección de una nueva comisionada o comisionado de CEAV está actualmente en las manos del Senado de la República quien deberá convocar primero, a los tres finalistas para que comparezcan en comisiones. Se prevé que esto ocurra en el actual periodo de sesiones.
Con investigación de Animal político.
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