México. - El Senado aprobó reformas a la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución para armonizarlas con la reforma constitucional que impide impugnar cambios a la Carta Magna. Estas modificaciones refuerzan los límites impuestos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar reformas constitucionales, restringiendo su capacidad de ejercer el control de constitucionalidad.
Límites a los juicios de amparo.
Las reformas establecen que las sentencias en juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales no tendrán efectos generales, lo que restringe su alcance y fortalece la supremacía de las reformas constitucionales.
Transición en la SCJN hasta 2025.
La reforma al Poder Judicial también incluye disposiciones transitorias para garantizar la toma de decisiones en la SCJN, cuyo pleno se reducirá de 11 a 9 ministros en septiembre de 2025. Hasta entonces, las decisiones se regirán bajo la normativa anterior, que exige una mayoría calificada de 8 votos.
Creación de nuevos órganos judiciales.
Las reformas también contemplan la transformación del Consejo de la Judicatura Federal en un Órgano de Administración Judicial y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para fortalecer la transparencia y el control interno.
Impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Senado aprobó un segundo dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la reforma en materia de supremacía constitucional. Este dictamen asegura que no se podrán impugnar adiciones o reformas a la Constitución y que las controversias constitucionales serán improcedentes si buscan contravenir estos cambios.
Impacto en el sistema jurídico.
Con estas reformas, el Senado busca consolidar un sistema jurídico más rígido respecto a los cambios en la Carta Magna, limitando la capacidad de impugnación por parte de la SCJN y garantizando una transición ordenada hacia la nueva estructura del pleno de ministros.
Estas reformas representan un ajuste importante en el marco legal mexicano, redefiniendo las relaciones entre los poderes y fortaleciendo la supremacía de la Constitución.
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