El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha aterrizado este lunes en México en la que constituye la primera visita oficial que el organismo realiza a un país en sus 11 años de existencia. Y llega en un momento en el que la nación norteamericana se encuentra —según Amnistía Internacional— a la cabeza del continente en número de personas desaparecidas: 94.426 desde 1964, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
“Es una histórica visita por parte de un comité de derechos humanos”, ha asegurado la presidenta de la organización, Carmen Rosa Villa Quintana, durante la bienvenida con la que los miembros de la institución han sido recibidos en Ciudad de México.
No ha sido fácil para la ONU llegar hasta este punto. Sus expertos llevan tratando de fiscalizar la crisis de los desaparecidos en México desde 2013, pero todas sus peticiones han sido denegadas por los sucesivos Gobiernos, a pesar de que el país ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2009. “El Comité acoge con especial satisfacción la disposición a recibir esta visita, que habíamos solicitado desde 2013″, aseguró Villa Quintana en un comunicado la semana pasada.
Ahora, por fin en suelo mexicano, el equipo de expertos recorrerá 12 Estados entre este lunes y el 26 de noviembre. En el proceso, se reunirán con autoridades federales y estatales, comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles; asistirán a exhumaciones, jornadas de rastreo y también a prisiones “para examinar sus sistemas de registro como medio para prevenir las desapariciones forzadas”. El equipo, que además de por Villa Quintana, está formado por Juan-Pablo Albán Alencastro, Juan-José López Ortega y Horacio Ravenna, comparecerá ante los medios el día en que finaliza su visita, y publicará un informe con las conclusiones de su investigación en marzo de 2021.
Durante el viaje, ha explicado Villa Quintana, su equipo tiene dos objetivos principales, “la prevención contra las desapariciones forzadas y la lucha contra la impunidad”, en un país en el que el 97% de los delitos quedan sin resolver. Además, a este contexto se le suma otra crisis, la forense: más de 52.000 cuerpos anónimos —de acuerdo con datos oficiales difundidos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos— acumulados en morgues desbordadas por todo México, el resultado de la falta de peritos, bajas partidas presupuestarias que no permiten alcanzar los recursos necesarios y una violencia que nunca cesa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha señalado en un comunicado que “el Gobierno de México ha reiterado su apertura al diálogo constructivo y a la cooperación con los órganos de tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos”. En la misma línea, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ha remarcado durante el recibimiento al Comité que “fue apenas al inicio de este Gobierno que el Estado se abrió plenamente al escrutinio y la fiscalización internacional y reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos en que se encontraba nuestro país, en particular con la crisis de desaparición de personas”. Sin embargo, durante los primeros tres años de su mandato, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador también ha puesto trabas a la llegada del Comité, al igual que sus dos predecesores.
Cuando en 2013 las víctimas de la guerra contra el narco del expresidente panista Felipe Calderón (2006-2012) empezaban a hacerse especialmente sangrantes en la conciencia colectiva, el organismo solicitó por primera vez su acceso a México para realizar un escrutinio independiente de los procesos de búsqueda. El país estrenaba el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), que continuó con la embestida de su predecesor con similares resultados: una escalada en la violencia y en las desapariciones. En esa ocasión el Gobierno le negó el acceso. Las peticiones posteriores fueron también sistemáticamente denegadas.
En agosto de 2016 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió “enérgicamente” al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité. Pese a las múltiples protestas en numerosas ocasiones de la ONU, el Gobierno no cedió. Tampoco escuchó a los familiares de las víctimas, que pedían una vez tras otra la intervención del organismo internacional, cuyos mayores recursos e independencia simbolizaban una esperanza real de encontrar los restos de sus seres queridos. María Herrera, madre de cuatro desaparecidos, convertida a la fuerza en activista, llevó el caso ante la justicia en 2018, durante los últimos meses de la administración de Peña Nieto.
Herrera ganó aquel amparo, pero en un giro de los acontecimientos, en febrero de 2019, ya durante el mandato de López Obrador, la SRE impugnó la decisión. La medida sorprendió a la denunciante y a sus abogados, que pensaban que con el nuevo presidente, que había hecho campaña predicando el fin de la impunidad, la llegada del Comité sería cuestión de tiempo. Meses después, en agosto del mismo año, el Estado mexicano aceptó por fin la competencia de Naciones Unidas. No había habido avances hasta ahora. La cancillería ha apuntado que la visita se ha producido “en cuanto las condiciones relacionadas con la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 lo han permitido”.
