Por primera vez, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen contra el Estado mexicano por desaparición forzada, en esta ocasión por el caso de Ivette Melissa Flores Román, quien desapareció el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero.
El comité resolvió que el Estado no investigó los hechos como actos de violencia por razón de género, además de que detectó la existencia de estereotipos en la manera en la cual se abordó la indagatoria y la ausencia de normas del derecho penal que garanticen la investigación de los delitos del crimen organizado con perspectiva de género, así como otras fallas sistemáticas, informó la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que acompaña a la familia de la víctima.
Este caso es el quinto sobre desaparición que resuelve un órgano de vigilancia de tratados de la ONU, y el primero en que la víctima desaparecida es una mujer, “lo cual lo hace representativo de la situación en que están sometidas las mujeres en México”, aseveró Jesús Peña, representante adjunto en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.Resaltó que la Cedaw reiteró que las desapariciones de mujeres “son una de las manifestaciones más brutales de violencia por motivos de género”.
En conferencia, Isabel Suárez, abogada de Idheas, expuso que Ivette Melissa fue sustraída “por un grupo de encapuchados armados”. Tras la denuncia de su madre Sandra Luz Román, dijo, “las autoridades no ordenaron ninguna acción de búsqueda inmediata”; y aunque la joven sufrió violencia familiar por parte de su ex pareja y ex suegro, “dicho contexto no fue considerado”.
Indicó que fue hasta 2016 que el Ministerio Público de Iguala recabó la declaración de Sandra Luz y la víctima fue registrada como no localizada. “Diez años después fue llamada para ampliar dicha declaración”. En marzo de 2014, agregó, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas emitió un acuerdo de incompetencia, bajo el argumento de que los hechos no podrían considerarse violencia contra la mujer.
Sandra compartió que “cuando se llevaron a su hija, también se llevaron a otras 17”, y el Estado “no hizo nada por ellas”. Resaltó que no ha dejado de buscarla a pesar de que ha sido amedrentada en diferentes ocasiones, por lo que pidió seguridad suficiente.
Cedaw recomendó al Estado la búsqueda e investigación con perspectiva de género, la protección de la madre de la víctima, la reparación y garantías de no repetición.
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