La denuncia también involucra a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.
La periodista Anabel Hernández reveló que, desde diciembre de 2024, en Estados Unidos, una entidad privada presentó una denuncia penal contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por supuestos vínculos con el crimen organizado.
La denuncia también involucra a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Tamaulipas, Américo Villarreal. Según Hernández, el documento de más de 190 páginas se encuentra en manos de fiscales federales en una de las cortes más importantes de Nueva York.
La periodista mencionó que este caso se enmarca en las acusaciones de Estados Unidos sobre la colusión de políticos con el narcotráfico y las condiciones impuestas por Donald Trump a México en materia de seguridad. A esto se suman presuntas declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ovidio Guzmán en colaboración con el gobierno estadounidense.
Así mismo, Hernández afirmó que la entidad denunciante en EE.UU. presentó siete testigos, entre ellos una exfuncionaria de la Secretaría del Bienestar, quien en grabaciones aseguró haber presenciado movimientos de dinero presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa para financiar a Morena y la campaña de Rocha Moya en 2018.
Se habla de maletas con dinero, conversaciones con choferes y desvíos de recursos del programa Bienestar, los cuales supuestamente fueron utilizados con fines políticos. Incluso, la testigo habría denunciado estos hechos ante la Secretaría de la Función Pública en 2021, pero tras esto, fue despedida.
Repercusiones políticas y posibles filtraciones
Por su parte, la periodista María Idalia Gómez advirtió que, aunque la denuncia esté presentada, es necesario investigar a fondo. También señaló que este caso podría derivar en nuevas revelaciones sobre políticos y gobernadores ligados a la corrupción.
Además, mencionó que el gobierno de Donald Trump podría utilizar esta información con fines políticos, lo que podría derivar en filtraciones y declaraciones estratégicas.
Finalmente, Gómez destacó que este caso representa una oportunidad para que el gobierno mexicano refuerce la lucha contra la corrupción, exigiendo que las fiscalías y la Secretaría Anticorrupción investiguen a fondo y se depuren las instituciones.
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