La Cámara de Diputados aprobó la elaboración de un padrón permanente de menores en situación de orfandad por feminicidio y homicidio, desagregado por edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta.
Esta propuesta, realizada por la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, se enfocó en garantizar los derechos de salud, educación, atención psicológica y acceso a los programas a las niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en esta situación.
“En México, el delito de feminicidio, así como lesiones severas, así como amenazas e intimidaciones, tiene una frecuencia en los hogares que no debe dejarse sin atención y al abandono”, declaró la también integrante del grupo parlamentario del PES, “no hay un registro oficial de cuántos niños han quedado huérfanos y en situación económica precaria luego de un feminicidio”.
En tanto, durante el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentado por su segundo año de Gobierno este martes, detalló que los feminicidios han aumentado 8.9 por ciento durante el último año de su administración.
“Durante mucho tiempo se exigió la atención de una política integral de Estado y hoy, hay luz en el túnel, estamos aquí para que el Estado actúe ante las irreparables pérdidas en favor de garantizar el acceso a la cobertura de las necesidades básicas”, señaló la diputada.
Bajo esta premisa, y al ser víctimas colaterales de estos hechos, es que la legisladora propuso que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México tengan, dentro del Registro Nacional de Víctimas, un padrón permanente y actualizado de las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio u homicidio.
“Se busca atender a un grupo altamente vulnerable e invisible, pues no hay cifras precisas respecto de cuántos niños están en desamparo a consecuencia del feminicidio de su madre y, por consiguiente, si tienen algún familiar se encuentran al amparo del mismo con recursos mínimos”, explicó Sosa Ruíz.
Asimismo, la legisladora tamaulipeca propuso una reforma, aprobada por la Cámara baja, para establecer que los menores y adolescentes también tuvieran derecho al acceso a la salud, educación, atención psicológica, fondos de ayuda federal y estatales que otorga esta Ley, a la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación que proceda.
De acuerdo con la modificación citada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la reforma al artículo 8 de la Ley General de Víctimas quedó así: “La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de conformidad con los criterios de comprobación”.
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