Durante 2022, el 80% de los refugios para mujeres recibieron menos presupuesto para operar que el que les fue asignado un año antes, aunque apoyaron a 25% más víctimas de violencia. Esta situación, de acuerdo con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional que agrupa a estos centros (RNR), los dejó con problemas financieros que ponen en riesgo su labor para 2023.
Figueroa señaló en entrevista que hay cuatro centros de atención a mujeres víctimas de violencia que al día de hoy se encuentran negociando con proveedores y trabajadoras el pago de sus servicios para no tener que cerrar sus puertas este 2023, ya que el recurso federal para que operen será transferido —si no hay retrasos— hasta marzo.
“El panorama que tuvimos en el 2022 tiene todavía secuelas que arrastraremos los primeros meses de 2023. Afortunadamente, este año los lineamientos del siguiente ejercicio fiscal para el programa de los refugios fueron publicados oportunamente, y parece ser que la transferencia de recursos se hará a tiempo”, indicó.
La RNR acusa simulación en aumento de recursos
Aunque la RNR negoció con comisiones de la Cámara de Diputados un aumento en el presupuesto destinado a la operación de los refugios, solo se dio un incremento de 19 millones de pesos para su funcionamiento, cifra que —a consideración de Figueroa— “resulta insuficiente ante la inflación y las necesidades reales que existen, sobre todo por el crecimiento en el número de atenciones”.
La directora de la red lamentó que, aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023 tiene destinados poco más de 348 millones de pesos etiquetados para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, más de la mitad de estos recursos está destinada en realidad a programas sociales sin enfoque de género, como Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión para Adultos Mayores.
“Vemos con preocupación que el presupuesto para las víctimas es una simulación, porque aparentemente hay un incremento, pero fuera de las declaraciones, en realidad no se están otorgando recursos con perspectiva de género, a pesar de que constantemente estamos denunciando que en el país vivimos bajo una situación de emergencia que cobra la vida de al menos 10 mujeres cada día”, agregó.
Figueroa explicó que las organizaciones dedicadas a la atención de mujeres víctimas de violencia no están pidiendo que se cancelen los programas de transferencia de recursos para jóvenes o adultos mayores, “pero se tiene que reconocer que estos no cuentan con perspectiva de género, ni con parámetros para hablar de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; además, nos parece injusto que, mientras se limita el dinero a los refugios, se dan aumentos muy grandes para la militarización”.
La psicóloga feminista lamentó que a esta situación se sumó el hecho de que las autoridades de los distintos niveles “persiguen y criminalizan a quienes denunciamos la inatención del Estado para con las mujeres y la prevalencia de actitudes machistas y del pacto patriarcal en las instituciones, aun cuando somos nosotras las que terminamos haciendo su chamba”.
A pesar de la falta de presupuesto y el retraso de las transferencias, los refugios lograron que por lo menos 450 mujeres —algunas de ellas acompañadas de sus hijas e hijos— tuvieran opciones de generar ingresos propios desde la autogestión económica.
Atenciones en refugios por intento de feminicidio subieron 10%
De acuerdo con la directora de la RNR, en 2022 los refugios para mujeres brindaron más de 35 mil atenciones, lo que representó un incremento del 25% respecto del año anterior, y de ellas observaron un aumento del 10% en el número de víctimas de intentos de feminicidio. De ellas, 350 habían acudido ante las autoridades previo al intento de asesinarlas, sin que se les brindaran medidas de protección.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2022, en México fueron asesinadas 3 mil 470 mujeres, de las cuales 878 casos, que representan el 25.3%, fueron catalogados por las autoridades como feminicidios; los restantes se investigan como homicidios dolosos.
En el mismo periodo, se reportaron 62 mil 126 casos de mujeres que fueron víctimas de lesiones dolosas, es decir, que fueron agredidas físicamente de manera intencional.
“Esto refleja que continúan las omisiones en la atención de delitos que afectan a las mujeres, y que estos se siguen considerando como asuntos menores, invisibilizados totalmente, lo que —como hemos dicho en varias ocasiones desde la Red de Refugios— es la antesala a los feminicidios, delito con impunidad de más del 56%”, señaló Figueroa.
“Lo que vemos que existió en 2022 y persiste en 2023 es que a este gobierno le importa más la militarización de la seguridad y los programas turísticos que prevenir y sancionar las violencias contra mujeres, así que los retos son bastante grandes”, sostuvo.
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