Por: Cortesía

Nacional

EEUU aceptó admisión de 23 agentes mexicanos para supervisión de tráfico de armas

El gobierno de Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 23 agentes para supervisar el combate al tráfico de armas y se establezcan reciprocidades en cooperación de seguridad binacional.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó en la plenaria de los Senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sobre el avance en las peticiones de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por lo cual trabajan coordinados la cancillería mexicana y el Gabinete de Seguridad.

Así como nosotros tenemos presencia, y la tenemos regulada en la Ley de Seguridad Nacional, que aprobaron ustedes en el año 2020, de agentes de los Estados Unidos, nosotros tendremos también agentes en los Estados Unidos para el tema que nos ocupa que son armas, principalmente, aunque no solamente, pero sí principalmente

Desde mediados de octubre del año pasado se informó que México pedía la intervención de al menos una docena de funcionarios en territorio estadounidense a cambio de otorgar visas a igual número de agentes de la Administración del Control de Drogas (DEA). Dos meses después, el presidente López Obrador informó que ya habían sido autorizadas, pero no se reportaron avances en la solicitud de su gobierno.

Según el canciller, ya se ha superado lo que calificó como agrio desencuentro tras el arresto en Los Angeles del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda. Ahora, el gobierno de Joe Biden y el de López Obrador relanzaron el acuerdo en seguridad binacional con el Entendimiento Bicentenario.

Pues con el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, la DEA encabezó investigaciones contra el general y se le aseguró en octubre de 2020, pero hubo negociaciones de la SRE que permitieron devolverlo de Nueva York a México para ser procesado por la Fiscalía General de la República, instancia que finalmente descartó nexos con el narco.

En respuesta, el gobierno mexicano manifestó sus molestias porque no se compartió información reservada por un Gran Jurado, acerca de las indagatorias sobre el exjefe de la Sedena en presuntos vínculos con el Cártel H-2, derivado de los Beltrán Leyva. De ahí que desde Morena se impulsó una reforma para vigilar a los agentes extranjeros en México, especialmente aquellos de la DEA.

Y fue hasta enero de 2021 que entró en vigor la llamada Ley Cienfuegos que limita a los agentes extranjeros. Las autoridades mexicanas otorgaron las riendas a un nuevo aparato de vigilancia denominado Grupo de Alto Nivel de Seguridad encabezado por Marcelo Ebrard. Cada mes, funcionarios mexicanos de cualquier dependencia deben informar si mantienen comunicación en territorio nacional o al exterior con efectivos de seguridad de otros países.

Ante los senadores de Morena, partido en el poder, el titular de la SRE también destacó la reunión del pasado 26 de enero donde México y Estados Unidos crearon el Grupo de Trabajo sobre Tráfico de Armas. Este convenio busca incrementar decomisos de armamento y municiones que terminan en manos del crimen organizado, además de asegurar enjuiciamiento a traficantes.

La prioridad de México es reducir la violencia en nuestro país, por lo tanto tiene que reducirse el tráfico de armas hacia nuestro país y Estados Unidos está asumiendo que esa prioridad mexicana tiene el mismo rango que las prioridades que ellos tienen respecto al fentanilo, que también nos preocupa mucho, por supuesto, y entonces el Entendimiento está empezando a funcionar

Desde agosto de 2021, la cancillería encabeza la demanda contra una decena de fabricantes y proveedores de armas estadounidenses en la corte federal en Boston, Massachusetts. Ebrard presumió que es algo histórico y que México ganará el juicio. El próximo 1 de febrero volverán a reunirse delegaciones de ambos países para avanzar en el relanzamiento del acuerdo binacional que contempla cinco grupos de trabajo más.

Todo ello, luego de la primera detención formal de Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal y uno de los siete implicados en el fallido operativo de Rápido y Furioso, programa con que se autorizó el ingreso ilegal de 2,500 armas de EEUU a México con la finalidad de ser rastreadas, pero terminaron en manos de carteles.