La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó con la discusión este 5 de septiembre sobre si la prisión preventiva oficiosa se mantiene o no en México. Durante la sesión de hoy, los ministros del máximo órgano de justicia del país discutirán los proyectos de los ministros Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña.
Te explicamos qué es lo que propone cada ministro y el posicionamiento del gobierno federal.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, presentó un proyecto que busca anular la prisión preventiva oficiosa en el país.
En el documento, el ministro propone la inaplicación del artículo 19 de la Constitución al considerar que “establece la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática, en contravención de los principios constitucionales que rigen la prisión preventiva, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad”.
“Lejos de ser una medida cautelar, su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso y, eso la traduce en una pena anticipada que vulnera la presunción de inocencia”, se lee en el proyecto.
De ser aprobado este proyecto, se declararía inválido el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene el catálogo de delitos mediante el cual se declara la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que establece que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, deberá de ser privada de su libertad, con el objetivo de que no se dé a la fuga y garantizar su comparecencia ante un juez.
¿Qué propone Norma Lucía Piña Hernández?
El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández pretende conceder un amparo a Brandon Flores Ramírez, “El Junior”, hermano del presunto líder de la Unión Tepito, Óscar Andrés Flores “El Lunares”, detenido en mayo de 2020 en el interior de un laboratorio improvisado para el procesamiento de narcóticos.
En el proyecto, la ministra señala que Flores Ramírez alega que durante su vinculación a proceso “el Juez de Distrito omitió realizar el análisis de constitucionalidad planteado del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que solicitan se realice una interpretación conforme en sentido amplio de dicho numeral”.
Sin embargo, advierte que otorgar un amparo para revisar la medida cautelar de una persona imputada, no implica su libertad inmediata, ya que se le puede imponer la prisión justificada si así lo considera el juez de la causa.
Piña Hernández señala que a diferencia de la prisión preventiva justificada, la oficiosa “afecta en mayor grado el derecho a la libertad personal y el principio de presunción de inocencia al poner bajo custodia a un imputado desde que es vinculado a proceso, sin que se le permita revisar su situación y la continuidad de esa medida cautelar por un periodo de dos años.
La propuesta de la ministra Piña agrega que resulta evidente que la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción constitucional que afecta de manera muy severa el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia, impidiendo la valoración de medidas cautelares alternativas menos restrictivas de esos derechos”.
Por lo tanto, se concluye que la PPO no supera un análisis de necesidad y que se trata de una restricción que es desproporcionada e incompatible con el parámetro de control de la regularidad constitucional.
¿Qué ha dicho el Gobierno federal al respecto?
El pasado 24 de agosto, el Gobierno mexicano solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la figura de prisión preventiva oficiosa, “tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
En un comunicado, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López; y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, señalan que la existencia de dicha figura es fundamental en ciertos delitos.
“Para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas”, reza la comunicación.
La postura oficial asevera que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
En días pasados, tanto el presidente López Obrador como miembros de su gabinete se han pronunciado en contra de la eliminación de dicha figura.
“Si la Corte resuelve de que ya no va haber esta prisión preventiva (oficiosa) y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice”, sentenció el presidente el pasado 30 de agosto.
Además, el viernes 2 de septiembre, el mandatario aseveró que se equivocó respecto a los ministros que propuso para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues, dijo, “ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.
Aunque indicó que no busca tener “incondicionales”, el mandatario aseveró que pensó que al tener la oportunidad de proponer ministros lograría tener una mayoría a favor para “reformar el Poder Judicial”.
‘¿Y qué creen? Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicas. Y yo respeto eso porque pues yo propongo y no quiero tener incondicionales”, dijo.
Ese mismo días, para justificar la prisión preventiva oficiosa, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a jueces que presuntamente han facilitado la liberación y evasión de delincuentes.
El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, expuso casos en los que asesinos, feminicidas y defraudadores que obtuvieron la libertad debido a que los jueces argumentaron que las investigaciones estaban mal integradas.
En tanto, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, expuso cómo fue la cobertura mediática en 2008, cuando se aprobó la prisión preventiva oficiosa.
Ramírez Cuevas cuestionó que en 12 años no se haya puesto en duda la medida, por lo que acusó motivaciones políticas y acusó que apologistas, ministros y ministras no están tomando en cuenta a las víctimas, por lo que llamó a la Corte a pensar en la sociedad y las consecuencias de sus decisiones.
