En un nuevo golpe financiero contra el CJNG, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red de robo y contrabando de combustible. La medida busca debilitar las finanzas de la organización criminal mediante restricciones económicas y una alerta dirigida al sistema bancario.
El Gobierno de México respondió casi de inmediato. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de los señalados y los incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas, reforzando la coordinación bilateral para combatir las estructuras económicas relacionadas con el llamado huachicol.
Estados Unidos endurece las acciones financieras contra el CJNG
El Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a dos personas y nueve compañías dedicadas al transporte, servicios financieros e inmobiliarios, al considerar que forman parte de una red que obtiene recursos mediante el robo de hidrocarburos.
Además, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta para las instituciones financieras al identificar patrones utilizados para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México, así como posibles esquemas de evasión fiscal.
El huachicol, una fuente millonaria de ingresos para el crimen organizado
Según el Gobierno estadounidense, la red investigada genera decenas de millones de dólares cada año para el CJNG mediante el robo, traslado y comercialización ilegal de combustibles.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida demuestra que los cárteles han diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico tradicional y continúan utilizando distintas actividades ilícitas para fortalecer su estructura criminal.
Las autoridades estadounidenses también recordaron que la DEA ha identificado presencia del CJNG en 21 de las 32 entidades federativas, mientras que la organización fue designada previamente por la administración del presidente Donald Trump como organización terrorista extranjera, junto con otros grupos delictivos mexicanos.
Quiénes son las personas sancionadas
Las sanciones alcanzan a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, señalados como operadores financieros y logísticos de la red.
De acuerdo con el informe del Tesoro, Juraidini sería responsable de coordinar operaciones financieras, administrar empresas fachada y elaborar documentación aduanera falsa para facilitar el traslado ilegal de combustible.
Entre las compañías relacionadas con él aparecen:
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
- OJ Living Trust, SAPI de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes
- OF Transportes
Por su parte, Ruiz Villagómez es señalado por participar en actividades de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante empresas logísticas, además de presuntamente pagar sobornos para facilitar el paso de hidrocarburos por los cruces fronterizos.
México responde con el bloqueo de cuentas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los involucrados antes de incorporarlos a la Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia explicó que esta decisión busca proteger la integridad del sistema financiero nacional e impedir que recursos de origen presuntamente ilícito continúen circulando a través de instituciones financieras mexicanas.
Además de las personas y empresas identificadas por Estados Unidos, las medidas alcanzan a nueve personas adicionales, como parte de la estrategia coordinada entre ambos países.
Cooperación bilateral para afectar las finanzas del crimen
Las autoridades mexicanas señalaron que estas acciones fortalecen la cooperación con Estados Unidos para combatir el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
El objetivo es debilitar las estructuras financieras que sostienen al CJNG, limitando su capacidad para mover recursos y utilizar el sistema financiero tanto en México como en el extranjero, en una estrategia que busca afectar la operación económica de una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país.
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