La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con elementos suficientes para judicializar la cesión irregular del Libramiento de Nogales, en Sonora, según declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio de 2025.
La acción deriva de una denuncia presentada por el abogado Paulo Díez, quien expuso diversas irregularidades en la concesión federal de la vía.
Acusan cesión y ampliación ilegales de la concesión
Entre los hechos denunciados destacan:
- La autorización indebida por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entonces dirigida por Jorge Nuño Lara, quien favoreció a un particular sin experiencia, pero presuntamente vinculado tanto con el exsecretario como con el gobernador Alfonso Durazo.
- La ampliación ilegal de la concesión a 60 años, cuando el límite legal era de 50 años, con base en una duración original de 25 años.
La SICT habría autorizado la cesión a pesar de que el concesionario original no cumplía con las obligaciones legales, especialmente en el mantenimiento y conservación de la vía.
Designación directa y opacidad en el proceso
El beneficiario de la concesión habría sido designado directamente por el gobernador Durazo, sin concurso público, en un proceso señalado como completamente opaco y arbitrario.
Además, existen indicios de que el concesionario original fue presionado para ceder la concesión, lo que agrava la presunta ilegalidad de todo el procedimiento.
Exigen declarar nulidad de la cesión y ampliación
El abogado Díez advirtió que, además de las posibles consecuencias penales, el actual secretario Jesús Esteva debe declarar nula la cesión y la ampliación del plazo. De no hacerlo, podría ser considerado cómplice por omisión y enfrentar responsabilidad penal.
Con estos elementos, la FGR podría proceder penalmente contra los responsables de esta operación, marcada por conflictos de interés, violaciones legales y abuso de poder.
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