La Fiscalía General de la República canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De acuerdo con el diario El País, de las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro.
Según lo reportado por el diario español, 16 órdenes corresponden a las de militares acusados de delincuencia organizada, entre ellos Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014.
Además de los militares, el juez encargado del caso canceló las órdenes contra el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Esto significa que la Fiscalía se arrepintió de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante los tribunales por el caso Ayotzinapa.
FGR desplaza a la UEILCA en caso Ayotzinapa
De acuerdo con Proceso, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de estas órdenes de aprehensión.
Esta unidad fue creada en 2019 a petición de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y es la que ha realizado las últimas investigaciones en el caso.
Omar Gómez Trejo, titular de esta unidad, fue secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y había sido funcionario en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guatemala y Honduras.
Caso Ayotzinapa
Este lunes se cumplen 8 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el cual está envuelto en la polémica debido a la forma en que las autoridades han realizado las investigaciones.
Lo más reciente es la filtración de un informe sin testar en el que se exhibe que el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente negoció con el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, a través de Tomas Zerón, para declararse autor intelectual del crimen y luego ser sacado del país.
El informe, el cual fue dado a conocer por Reforma, exhibe las conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen organizado, en las que detallan la forma en que fueron desaparecidos los restos de los normalistas.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que desconocen el contenido del expediente sin testar de la Comisión para la Verdad.
Isidoro Vicario Aguilar, uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, dijo que los padres de los jóvenes sólo han tenido acceso al expediente testado.
“Nosotros no sabemos qué dicen los chatos, porque están en blanco y negro”, dijo María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los estudiantes desaparecidos, de acuerdo a Reforma.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que indague y castigue la filtración de la información sobre el caso de Ayotzinapa.
El funcionario condenó la filtración de la información, pues dijo que lejos de ayudar a la investigación, “la perjudican y abren paso a la impunidad”.
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, señaló.
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