La Fiscalía General de la República le da un revés al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, pues no le devolverá su casa de Lomas de Bezares localizada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX), la cual está valuada hasta en 38 millones de pesos. Esto sin importar que hace unos días, una jueza federal había ordenado que le devolvieran el inmueble.
Por medio de un comunicado publicado este domingo 26 de noviembre, la FGR reveló que la propiedad que Lozoya Austin "adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero" permanece asegurada y no será devuelta. En este caso, explicó que el criterio expresado por la jueza que había pedido la devolución es "inaceptable” al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
"El recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal; y se informará, en su momento, sobre los alegatos que la FGR expondrá al respecto", se aprecia en el comunicado de la FGR.
¿Cuáles son los argumentos de la FGR?
En el comunicado que publicó por medio de sus redes oficiales, la FGR indicó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio señala que "ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad".
La institución dirigida por Alejandro Gertz Manero destacó que el inmueble de Emilio Lozoya en cuestión también se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal. ¿La razón? su presunta relación en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Recordemos que apenas hace unos días, la jueza federal Ana Lilia Osorno Arroyo había declarado improcedente el recurso legal que la FGR usó para la confiscación de la propiedad de Lozoya Austin. Y es que la autoridad judicial afirmó que la Fiscalía "cometió un error" al solicitar el cambio de propietario con base en leyes que no estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos por los que se les señala al exdirector de Pemex.
