La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que autoridades judiciales giraron tres órdenes de captura en contra de Genaro García Luna por diversos delitos, entre los cuales se encuentran ilícitos relacionados al operativo Rápido y Furioso.
Mediante un comunicado, la dependencia aseguró que “la primera (es), por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa (Caso “CEFERESOS”). La segunda, por enriquecimiento ilícito. (Y) la tercera, por introducción ilegal de armamento (Caso “Rápido y Furioso”)”.
De la misma forma, la Fiscalía manifestó que emitió “solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos”, las cuales no se aclaró si serán para colaborar con las autoridades de aquel país o para una probable extradición a territorio nacional.
García Luna estaría implicado en el caso “CEFERESOS” por su presunta participación en la adjudicación directa de ocho contratos a las empresas ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, las cuales se encargaron de construir y administrar ocho centros penitenciarios federales durante la administración del expresidente Felipe Calderón.
Las empresas recibirán en total 199 mil 476 millones de pesos durante 22 años, contrato que llegaría a su fin en el año 2032, y por el cual la FGR inició una investigación en 2021 para perseguir a los responsables de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, daño patrimonial al Estado mexicano, administración fraudulenta y fraude genérico.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por autoridades mexicanas, seis empresas ganaron la adjudicaciones directas debido a que se trataba de un asunto de seguridad pública, para posteriormente subcontratar a otras ocho compañías, las cuales se encargaron de la construcción y administración de los centros de reclusión.
Esta investigación también involucraría la presunta colusión de Felipe Calderón y varios de sus colaboradores, como el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero Arroyo; el antiguo titular de Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas; y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Por otra parte, las acusaciones de enriquecimiento ilícito tendrían que ver con el presunto trato que el Cártel de Sinaloa negoció con el funcionario calderonista, quien es acusado por autoridades estadounidenses de haber beneficiado a la organización criminal mexicana con acciones comandadas desde la cúpula del gobierno federal.
García Luna habría recibido USD decenas de millones para filtrar información recibida directamente de autoridades estadounidenses sobre operaciones anti drogas en México y en el país vecino, las cuales habrían ayudado al trasiego de drogas y armas entre los dos territorios.
Por último, García Luna es señalado por su presunta participación en el delito de introducción ilegal de armamento por el fraudulento operativo Rápido y Furioso, el cual fue pactado por autoridades mexicanas y estadounidenses como un presunto esfuerzo para ubicar las ubicaciones de células criminales en diversos puntos de México.
El operativo se realizó entre los años 2006 y 2011 y fue implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), el cual consistió en permitir la compra ilegal de 2 mil 500 armas de fuego en Estados Unidos, las cuales posteriormente fueron trasladadas a territorio mexicano.
Las armas contenían un microchip que informaba de su ubicación mediante GPS y fueron distribuídas entre grupos de la delincuencia organizada bajo la premisa de su posterior persecución, la cual nunca ocurrió y dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de venta y distribución de armamento, así como las consecuencias que puede dejar en el país.
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