Funcionarios públicos y diputados federales iniciaron el análisis y discusión del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena la regularización de los vehículos automotores usados de procedencia extranjera en el norte del país, conocidos como “autos chocolates”.
En reunión con la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Teresa de Jesús Vargas Meraz, de Morena, Rafael Ochoa Morales, director general de asuntos financieros de la Procuraduría Fiscal Federal, precisó que este decreto deberá considerar acciones de comunicación social, en términos de la Ley General de Comunicación Social y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, con el objetivo de regular la importación definitiva de vehículos usados que se encuentren en territorio nacional a la entrada en vigor del acuerdo, así como cualquier otra acción que promueva la regularización.
“Debemos esperar a que este programa se publique para dar certeza”, dijo, y precisó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ámbito de sus atribuciones, “podrá expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta aplicación del programa, con independencia de las disposiciones específicas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Javier Martínez, administrador central jurídico del SAT, explicó que “tenemos el compromiso de que una vez que se publique este programa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de trabajar con ustedes para la elaboración de las reglas respectivas para que éste pueda operar de la manera más sencilla”.
Comentó que conforme a lo estrictamente ordenado por el Ejecutivo solo los vehículos que tengan registro en las entidades fronterizas al momento que se publique el decreto en el DOF, se considerarán.
A la reunión también asistieron Rosa Isela Ortiz, directora de legislación y consultas legales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y María de Lourdes Salgado Martínez, enlace de la SHCP; Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas, director general de asuntos financieros de la Procuraduría Fiscal Federal, y Carlos de la Portilla, director general de enlace en Segob.
La diputada Teresa de Jesús Vargas consideró que este acuerdo es la respuesta oportuna a la necesidad muy sentida en los estados fronterizos porque generará certidumbre a las familias que viven en estas regiones.
“Con esta regularización se garantiza la seguridad de su patrimonio a partir del registro de sus vehículos y cuyo costo será accesible. Además, los ingresos recaudados se quedarán en los municipios para el mejoramiento de su infraestructura”, opinó.
El diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del PT, consideró que los tiempos para que este decreto entre en vigor son determinantes para dar certeza a las familias que se verán beneficiadas. Preguntó si se tiene certeza de la fecha para que este programa opere.
