La protección fue concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en la Ciudad de México, bajo la dirección de la jueza Patricia Marcela Diez Cerda.
El ex gobernador Javier Corral logró, mediante un pago de 120 mil pesos, obtener una protección temporal de la justicia federal, evitando así su detención o la obligación de comparecer ante cualquier autoridad.
Esto se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua solicitara una orden de aprehensión en su contra por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos destinados a la contratación de un despacho para reestructurar la deuda pública estatal.
La protección fue concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en la Ciudad de México, bajo la dirección de la jueza Patricia Marcela Diez Cerda. Corral, quien ahora es senador electo por Morena, argumenta que la acusación de peculado agravado es una persecución política y un acto de venganza por parte de la gobernadora María Eugenia Campos.
En sus redes sociales, Corral acusó a la fiscalía de fabricar la investigación tres años después del presunto delito. Señaló que el testimonio de Eduardo Fernández, ex subsecretario de Egresos durante su administración y actualmente testigo protegido, ha sido usado de manera irregular para justificar la orden de aprehensión.
Así mismo, alegó que no se le ha permitido presentar evidencias para defenderse y que el contrato con el despacho López Elías Finanzas Públicas SC fue legítimo.
Además, Corral cuestionó la transparencia de la actual administración estatal, señalando los contratos otorgados por Campos a Ernesto Cordero para asesoría financiera.
El miércoles pasado, la Fiscalía Anticorrupción intentó detener a Corral en un restaurante en la Ciudad de México, pero la detención fue evitada por el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. Desde entonces, la gobernadora Campos ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho declaraciones.
El secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña, criticó las declaraciones de Corral, describiéndolas como "esquizofrénicas" y recordó que la causa penal contra él fue iniciada por la Auditoría Superior del Estado, propuesta por Corral en 2018.
El juzgado ha fijado el 27 de septiembre para una audiencia constitucional, donde se decidirá si se concede a Corral una suspensión que podría detener indefinidamente la orden de aprehensión.
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