La discusión sobre la eutanasia en México volvió al centro de la conversación pública y ahora podría marcar un antes y un después en el país.
La iniciativa ciudadana Ley Trasciende propone modificar la Ley General de Salud para permitir que personas con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles puedan acceder legalmente a la eutanasia. El tema ha generado respaldo de activistas, médicos y legisladores, pero también oposición de organizaciones civiles y grupos religiosos.
Mientras el Senado mantiene pendiente el análisis de la propuesta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el primer caso relacionado con la prohibición de la eutanasia en México, lo que ha intensificado el debate sobre el derecho a decidir cómo enfrentar el final de la vida.
¿Qué es la Ley Trasciende y qué propone para la eutanasia en México?
La Ley Trasciende es una iniciativa ciudadana impulsada por Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica y lupus, quien busca que la eutanasia sea reconocida como un derecho dentro del sistema de salud mexicano.
La propuesta plantea derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, que actualmente prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido, e incorporar un nuevo marco legal que regule este procedimiento.
Entre los puntos principales de la iniciativa destacan:
- Reconocer la eutanasia como un procedimiento médico, legal y voluntario.
- Permitir el acceso únicamente a personas mayores de 18 años con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles y discapacitantes.
- Exigir un diagnóstico confirmado por dos médicos y que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales.
- Establecer que la solicitud sea libre, informada y presentada por escrito ante un notario público.
- Otorgar un periodo de reflexión antes de ratificar la decisión.
- Garantizar que el paciente pueda revocar su solicitud en cualquier momento.
- Mantener el derecho a recibir cuidados paliativos aun cuando se solicite la eutanasia.
- Regular la objeción de conciencia del personal médico y asegurar que las instituciones cuenten con personal dispuesto a realizar el procedimiento.
La iniciativa también contempla mecanismos de voluntad anticipada para personas que podrían perder la capacidad de expresar su consentimiento en el futuro, como ocurre en algunos tipos de demencia.
La diferencia entre eutanasia, suicidio asistido y voluntad anticipada
Uno de los puntos que más confusión genera es que estos tres conceptos no significan lo mismo.
La eutanasia implica que un profesional de la salud interviene directamente para provocar la muerte de un paciente que lo solicita bajo condiciones específicas.
El suicidio asistido ocurre cuando el propio paciente realiza el acto final, aunque recibe apoyo médico para acceder a los medicamentos o medios necesarios.
La voluntad anticipada, en cambio, permite que una persona decida previamente si acepta o rechaza tratamientos que prolonguen artificialmente la vida en caso de padecer una enfermedad avanzada o terminal.
Este último mecanismo ya es legal en al menos 14 estados del país, incluida la Ciudad de México, que fue la primera entidad en aprobar una Ley de Voluntad Anticipada en 2008.
¿Quién impulsa la iniciativa y por qué ha llamado tanto la atención?
La principal promotora es Samara Martínez, de 31 años, quien ha compartido públicamente su experiencia viviendo con insuficiencia renal crónica terminal y lupus.
Martínez ha relatado que debe conectarse varias horas al día a una máquina de diálisis para mantenerse con vida tras dos trasplantes de riñón fallidos. Su historia personal se convirtió en el motor de una campaña que busca que las personas con sufrimiento físico o psicológico irreversible puedan decidir sobre el final de su vida.
Su lema, “La dignidad no termina con la vida, la sostiene hasta el final”, ha dado visibilidad nacional a la propuesta y ha reactivado una discusión que durante años permaneció en segundo plano.
Apoyos y resistencias: el debate que divide opiniones
La Ley Trasciende ha recibido respaldo de legisladores de distintos partidos, así como de organizaciones que promueven el derecho a una muerte digna.
Sin embargo, también enfrenta fuertes resistencias. El Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte ha señalado que antes de avanzar hacia la eutanasia se debe fortalecer el acceso a los cuidados paliativos y al alivio del dolor.
Por su parte, la Red Familia y la Arquidiócesis Primada de México han expresado su rechazo a la legalización, argumentando que la prioridad debe ser mejorar el acompañamiento médico y humano, no facilitar el fin de la vida.
El debate ha abierto una discusión más amplia sobre los límites de la intervención médica, la autonomía personal y la protección jurídica de la vida.
La SCJN entra al debate sobre la muerte digna
Mientras la iniciativa permanece pendiente en el Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el amparo en revisión 147/2026, promovido por una tanatóloga diagnosticada con cáncer de mama en dos ocasiones.
La mujer solicita que se reconozca su derecho a decidir sobre el final de su vida y cuestiona la constitucionalidad de la prohibición de la eutanasia en la legislación mexicana.
Aunque la resolución de la Corte no significará automáticamente la legalización de la eutanasia, sí podría convertirse en un precedente histórico para futuras decisiones judiciales y legislativas sobre el derecho a morir con dignidad en México.
La discusión apenas comienza, pero ya colocó sobre la mesa una de las preguntas más complejas y sensibles para la sociedad mexicana: quién debe tener la última palabra cuando el sufrimiento parece no tener salida.
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