El Comité reconoció que la primera versión contenía errores, como nombres duplicados y exclusiones indebidas.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal incumplió el plazo para publicar la lista definitiva de aspirantes elegibles para la elección judicial de junio de 2025, prevista para las 23:59 horas del 15 de diciembre. La lista fue publicada de forma tardía a las 00:24 horas del lunes y posteriormente eliminada por errores detectados.
Problemas técnicos y duplicados
El Comité reconoció que la primera versión contenía errores, como nombres duplicados y exclusiones indebidas. Además, señalaron que el formato publicado requería "mejoras para una consulta más óptima". Según informaron, estos problemas se derivaron de la gran cantidad de información revisada: más de 300 mil documentos y 700 mil datos de cuestionarios.
La abogada Verónica Osornio denunció en redes sociales que la lista eliminada continuaba presentando inconsistencias, como nombres sin cargos específicos y omisiones de aspirantes con documentación completa.
En un comunicado, el Comité aseguró que sigue en sesión permanente para integrar correctamente los registros restantes y garantizar que todas las personas que cumplan los requisitos sean incluidas. Señalaron que muchos aspirantes enviaron información incompleta o a múltiples direcciones electrónicas, lo que complicó la integración.
Reacciones políticas
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió sobre la necesidad de publicar una lista definitiva confiable. "Más les vale", expresó en una videocharla, exigiendo precisión en la revisión.
El proceso seleccionará a los ocupantes de 864 cargos judiciales clave, incluidos:
- 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
- 13 magistradas y magistrados del Tribunal Electoral.
- 850 juezas y magistrados de circuito y distrito.
El Comité está integrado por cinco especialistas que asumieron sus cargos en octubre de 2024. La publicación definitiva de la lista es crucial para avanzar a la etapa de evaluación de idoneidad, prevista para enero de 2025.
El retraso y los errores han generado críticas y dudas sobre la transparencia y efectividad del proceso, clave para la consolidación de la reforma judicial en México.
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